El alcalde de La Nucia no acreditó el pago de 215.000 euros en dos pisos

El alcalde de La Nucia, del PP, posee dos viviendas, compradas entre 2003 y 2005, en un bloque de apartamentos situado frente al Club Náutico de Altea por las que desembolsó más de 823.000 euros, de los cuales no puede acreditar el pago de 215.302,78, según consta en las escrituras correspondientes. De hecho, la notaria María Dolores Signes Verderá, de Benidorm, hace constar en los dos documentos la advertencia "sin poderlo justificar".

Bernabé Cano no consiguió acreditar documentalmente el pago de 109.290,90 euros, -6.430,08 abonados para la reserva más dos transferencias de 52.438,30 y 50.422,52 euros, respectivamente- que corresponden a parte de la compra de un ático dúplex de 247 metros cuadrados con 161 útiles en marzo de 2003 por 469.418,05 euros. Bernabé Cano pagó al contado dicha cantidad en mayo de este año, mes en el que escrituró el apartamento. El valor del inmueble en el mercado inmobiliario superaba el millón de euros hace seis años.

El alcalde nuciero tampoco logró explicar el pago de 106.011,88 euros realizado por transferencia bancaria para la compra de un segundo apartamento a finales de diciembre de 2005.

Bernabé Cano, sin embargo, acreditó ante este periódico los documentos que avalan la procedencia de esas cantidades, obtenida a través de dos donaciones y de una docena de cuentas bancarias de sus familiares. Esta es la curiosa paradoja: El alcalde explica de dónde obtiene el dinero, pero ante la notaria no demuestra haber realizado el pago.

La inmobiliaria a la que Cano compró sus dos casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Riquelme formaba parte de la sociedad Saga Bonperal SL, en la que también figuraba Antonio Rocamora que en el año 2002 obtuvo por cesión de la familia de Bernabé Cano la condición de agente urbanizador del PAI La Favara de 44.000 metros cuadrados, en el que se construyeron cerca de 4000 viviendas, garajes y decenas de locales comarciales.

Riquelme y Rocamora estaban juntos en Cases del Pinar SL el primero como consejero delegado y el segundo como vicepresidente.Cases del Pinar SL ejerció como agente urbanizador del PAI de La Serreta de La Nucia en 2005. Un proyecto que actúa sobre una superficie de 2,8 millones de metros cuadrados en los que está previsto que se construyan 3.884 viviendas y un campo de golf. Riquelme y Rocamora son asimismo los administradores de Montemar La Nucia SL, agente urbanizador del PAI Pie de Monte, al que se refiere Francisco Correa en diversas grabaciones realizadas al cerebro de la trama Gürtel.

El Ayuntamiento aprobó este PAI en septiembre de 2004, pero la Consejería de Territorio le puso 22 reparos ambientales y lo condicionó a la obtención del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar que nunca ha tenido. Correa habló de repartir 72 millones de euros entre sus socios si se desbloqueaba el PAI.

José Ignacio de la Serna, promotor junto a Riquelme del edificio de Altea donde tiene dos viviendas Bernabé Cano, también posee intereses urbanísticos en La Nucia y es el propietario de una casa en esta localidad de La Marina Baixa, conocida como "El Choco". En este edificio tenían lugar fiestas privadas en la época del auge del ladrillo. En diferentes conversaciones grabadas a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, éstos narran sus fiestas con prostitutas en "El Choco". De la Serna promueve en Benidorm un edificio residencial de 200 metros de altura, conocido como Torres Intempo.

El pago del ático de Altea se efectuó de la siguiente maneras: Bernabé Cano adelantó el 3 de marzo de 2003 los primeros 6.430,08 euros en metálico para efectuar la reserva. El 11 de febrero de 2005 hizo una transferencia de 52.438,30 euros y el 27 de diciembre de ese año pagó 50.422,52 más. El resto del importe (365.026,40 euros) lo abonó en el momento de escriturar la vivienda el 15 de mayo de 2009 con un cheque bancario.

Los tres primeros pagos, que suman 109.290,90 euros, están anotados en la escritura de compraventa firmada en una notaría de Benidorm sin que Cano aportara los documentos que los certificaran, a pesar de que la Ley para la prevención del fraude fiscal obliga a hacerlo. Precisamente, la advertencia "sin poderlo justificar" de la notaria viene recogida en la misma ley, que también obliga a las notarías a comunicar esta circunstancia al órgano correspondiente del Consejo General del Notariado.

En el mismo edificio, el alcalde nuciero compró también un apartamento de 115 metros y una superficie útil de 80 metros cuadrados por 353.663,13 euros. El primer pago lo hizo, también sin acreditar documentalmente ante el notario, el 27 de diciembre de 2005. Pagó 106.011,88 euros mediante una transferencia bancaria. El siguiente abono fue mediante cheque bancario de 67.651,25 euros el mismo día que escrituró el piso, dejando los 180.000 restantes hipotecados.