Reportaje:Empresas & sectores

La solidaridad pasa por el taller

Una ley separa la ayuda al desarrollo de la financiación a empresas españolas

El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) viene acumulando cierta mala fama. España ha dado créditos tan contradictorios con su nombre como los siguientes: concesión a Somalia de 7,5 millones de euros para financiar la compra de 215 camiones militares; un préstamo de más de cinco millones para la compra de cuatro aviones y 62 vehículos militares a Angola cuando su Gobierno libraba una guerra interna por las minas de diamantes; o la rehabilitación de un hotel de lujo en Chad, uno de los 10 países menos desarrollados del mundo. El vendedor o reparador es siempre español. Y todos los créditos siguen pendientes de cobro.

Estos casos vienen de lejos, pero uno mucho más reciente ha dañado definitivamente la sensibilidad solidaria del contribuyente español: la obra del pintor Miquel Barceló en la cúpula de la sede de Naciones Unidas. En 2008 salieron del FAD 500.000 euros para su subvención.

El Gobierno cambia el polémico FAD para no desvirtuar la ayuda al desarrollo
"La ley no cumple con el requisito de coherencia", dicen en Intermón Oxfam

Partidos políticos, medios de comunicación y ONG se echaron encima del Gobierno por destinar a un artista millonario tanto dinero que debía usarse para erradicar la pobreza. De nada sirvió que el Gobierno se excusara y demostrara que una cosa es el FAD y otra, bien distinta, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el famoso paquete solidario del 0,7% del PIB que los Gobiernos de la OCDE se comprometieron a alcanzar.

El Congreso dio un ultimátum al Gobierno: o remodelaba la estructura del fondo para evitar estas bochornosas circunstancias o lo hacía la Cámara. De esta forma, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la creación de dos fondos. El Fonprode (Fondo para la Promoción del Desarrollo) estaría exclusivamente destinado a erradicar la pobreza y el Fiem (Fondo para la Internacionalización de las Empresas), a financiar compañías españolas para expandirse hacia los países del Sur.

El primero dependerá exclusivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, mientras que el segundo lo dirigirá el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En realidad, los dos fondos existían ya de forma subliminal desde hace años, porque los Presupuestos del Estado indicaban qué cuantía recibía cada uno de estos tipos (Barceló cobraría del nuevo Fiem), pero era, según fuentes gubernamentales, demasiado difícil de explicar. Y acababa acarreando polémicas pictóricas.

"Lo único que importa es qué computará como AOD y qué no", explica Gonzalo Robles, portavoz parlamentario del PP, aunque es el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE quien decide si un proyecto con empresas españolas puede contabilizar como AOD o no. Salga del Fonprode o del Fiem. "Con este nuevo proyecto de ley se ha hecho algo que se pedía históricamente, pero el Gobierno debería dar un paso más y no contabilizar como cooperación todo aquello que tenga que ver con el comercio nacional", explica Daniel Gómez, del Observatorio de la Deuda de la Globalización. Critica que los criterios de la OCDE pasan a veces por alto el verdadero sentido de cooperación de los proyectos.

"El cambio del FAD era un compromiso electoral que ahora hemos realizado", explican fuentes de la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional. "Había una Ley de la Deuda vigente desde hace tres años que obligaba a una remodelación del fondo", prosiguen. La legislación de 2006 obligaba a desligar los créditos a la cooperación de empresas españolas".

El nuevo Fonprode cumple ahora con la ley. Todos los créditos deben ser desligados, es decir, sin condicionarlos a que una empresa española se beneficie de ellos, con la única excepción de los que tienen carácter urgente (por catástrofes naturales o el estallido de una guerra). "Además, ahora tenemos más margen de acción", explica una fuente ministerial. Con el nuevo Fonprode se abre la posibilidad de donaciones de Estado a Estado o a organismos multilaterales para el desarrollo.

Verónica Hernández, portavoz de Intermón Oxfam, critica que el nuevo modelo no cumple con los tres requisitos que debe tener la cooperación: eficiencia, coherencia y transparencia. "Lo único que hace la nueva ley es distinguir dos instrumentos sobre el papel, pero no apuntala la separación total entre la cooperación española y la financiación a empresas", añade.

Gómez es todavía más exigente con la nueva fórmula del Gobierno. Todas las aportaciones del Fonprode son no reembolsables, es decir, que no pueden ser en forma de créditos, menos uno de sus instrumentos, las aportaciones a microfinanzas, que sí contempla la concesión de créditos. "Muchos de éstos se dan a países pobres muy endeudados, con los que hay el compromiso de no endeudar más. Así se va en contra del compromiso", dice Gómez.

El FAD no se pensó como un instrumento de cooperación. De hecho, cuando se creó en 1976, España todavía era considerado un país en vías de desarrollo. Todos sus fondos iban destinados a financiar aventuras empresariales españolas. El compromiso de ayudar a erradicar la pobreza llegó en 1985, cuando España se incorporó a la OCDE.

Bajo el nombre de FAD, más allá de los ejemplos expuestos arriba, se han financiado hospitales en África que luego carecían de equipamiento o médicos o una planta de tratamiento de agua en El Salvador que fue inaugurada sin estar terminada. Y todavía no lo está.

La cima del 0,7%

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que a finales de la legislatura la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) alcanzaría el 0,7% de la renta nacional bruta (RNB) del país. En 2008, la AOD se cerró con un saldo de 4.761 millones de euros, lo que representa el 0,43% de la renta bruta. Falta un buen tramo hasta el compromiso establecido del 0,7%, pero la crisis se ha dejado sentir en ese capítulo. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene sus previsiones. Dice que alcanzará este año el 0,5% -quizás más por una caída de la renta que por un aumento real de la ayuda- para llegar al 0,7% en 2012. El año pasado se aportaron 1.000 millones más al cómputo solidario. El 86% de la AOD lo aporta la Administración Central y el resto, las autonomías y los ayuntamientos. -

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