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Reportaje:La protección del patrimonio

Las hermanas pobres de la arquitectura

Edificios industriales y agrarios adquieren visibilidad en un nuevo registro andaluz

El tiempo casi siempre juega en contra de la arquitectura contemporánea. La historia demuestra que los ciudadanos han sido más cicateros que generosos a la hora de reconocer los valores de un edificio proyectado por sus coetáneos. Esa falta de apego a la arquitectura de su tiempo, algo que no ocurre cuando el edificio tiene más de un siglo aunque se trate de una construcción sin interés, ha hecho que se derriben verdaderas joyas, especialmente edificaciones industriales y rurales a las que nadie ha dado la menor importancia. Un equipo de 45 profesionales ha peinado Andalucía durante cuatro años para encontrar y catalogar todas las construcciones del siglo XX que merecen un lugar en la Historia de la Arquitectura de la comunidad. El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) ha realizado un inventario con 1.111 registros. Sevilla, con 303 edificios, y Córdoba, con 218, son las provincias que encabezan la lista. Almería y Huelva, con 79 registros cada una, están a la cola.

Una selección de 204 inmuebles recibirá una protección especial

La sorpresa ha sido que, junto a las muestras del conocido regionalismo de 1900 a 1929 -con ejemplos como la Facultad de Veterinaria de Córdoba, el antiguo Matadero Municipal de Sevilla o la Estación del Ferrocarril de Madrid, en Linares (Jaén)- o a las del Movimiento Moderno de 1930-1939 -como el Cine Torcal, de Antequera (Málaga), o la famosa casa Duclós que levantó en Sevilla José Luis Sert-, se han catalogado 90 edificios industriales y 27 explotaciones agrícolas. La protección que recibirán a partir de ahora es crucial para muchos de ellos, que actualmente están en desuso y en muy malas condiciones.

"Además de reconocer nuestro legado arquitectónico y difundirlo, a través de publicaciones y rutas culturales que se están realizando, lo importante del RAAC es que se ha elaborado un inventario pormenorizado de los 1.111 edificios incluidos que pasará a formar parte del Inventario de Bienes Reconocidos, una nueva figura creada por la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007 que obliga a los ayuntamientos a incorporar esos bienes a sus catálogos municipales y que reciban así protección", explica Plácido González, arquitecto y miembro del Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). El proyecto, que se realizó entre 2004 y 2008, es un trabajo del IAPH en colaboración con el grupo de investigación Ciudad, Patrimonio y Arquitectura Contemporánea HUM666 de la Universidad de Sevilla. El equipo base lo han compuesto 33 arquitectos e historiadores del Arte repartidos en las ocho provincias andaluzas y ha estado coordinados, entre otros, por Víctor Pérez Escolano, arquitecto y director del HUM-666; Román Fernández Baca, director del IAPH, y Plácido González, que es también profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Sevilla.

"El desuso y el fin de los procesos productivos afecta, especialmente, a los edificios industriales. Si se trata de un inmueble todavía en uso no suele tener muchas alteraciones. La arquitectura industrial es un patrimonio vivo que no se valora lo suficiente y que ha sido la última en ser objeto de estudio. En cuanto a las viviendas, la mayoría se mantienen en uso con muchas alteraciones", comenta González.De los 1.111 edificios inventariados, separados en seis etapas cronológicas, el RAAC y el Servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales ha hecho una selección de 204 inmuebles, construidos entre 1900 y 1992, que están propuestos para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.

En esta lista que recibirá más protección se encuentran la Azucarera de San Isidro, un ingenio de 1901 proyectado por Modesto Cendoya y Felipe Giménez Lacal, y la fábrica de ácidos sulfúricos y abonos de Atarfe, de 1920, ambas en Granada. El pabellón de la Central Térmica de Huelva, de 1958; las viviendas ultrabaratas que proyectaron los prestigiosos arquitectos José María García de Paredes y Rafael La-Hoz para Villaviciosa de Córdoba en 1953; el poblado de trabajadores de la Central Térmica de Puente Nuevo en Espiel (Córdoba), un proyecto de Fernando Moreno Barberá en 1963, y las bodegas Tío Pepe en Jerez (Cádiz), un conjunto de 1963 firmado por Fernando de la Cuadra y Eduardo Torroja, recibirán también más protección. Entre los 204 hay 22 edificios industriales.

En la lista general se encuentran construcciones de gran valor que están abandonadas y en peligro de derrumbe como la fábrica Hitemasa (Hilados y Tejidos) de Málaga, que proyectaron en 1958 el ingeniero Manuel María Valdés y el arquitecto Ramón Vázquez Molezún, y la Azucarera San Fernando y destilería Los Rosales, de Tocina (Sevilla), una nave de 1925 realizada por la firma de ingeniería francesa Fives Lille.

En el equipo de siete expertos que han asesorado en la elaboración del RAAC se encuentran Julián Sobrino, especialista en arquitectura industrial; Fernando Olmedo, coordinador del Inventario de Haciendas, Cortijos y Lagares de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y Manuel Calzada, toda una autoridad en los poblados de colonización.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de noviembre de 2009