Ultimátum del juez a la familia para la entrega del niño obeso

Sin avances. La comparecencia de los padres del niño obeso de Ourense ante el juez para responder a la querella criminal interpuesta por la Fiscalía se saldó ayer sin acercamiento entre las partes. Los padres insisten en no desvelar el paradero del menor y la Fiscalía exige su inmediata entrega a la Xunta, responsable de la tutela.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, advirtió a Luis Montoya y Margarita Gabarres de que tienen un plazo de cinco días para aportar pruebas contra la acusación del delito de desobediencia del que les acusa el Ministerio Fiscal. Pasado ese plazo, el juez cerrará la instrucción y trasladará el expediente a la Fiscalía para que formalice la acusación. Los progenitores, sin embargo, no se movieron de su postura inicial de mantener al menor "en su ámbito familiar y comunitario, porque eso es lo mejor para él".

Luis Montoya y Margarita Gabarres declararon por separado por espacio de casi una hora. Y ni el juez ni el Ministerio Fiscal consiguieron que aceptaran cumplir la orden que establece el ingreso del niño, de 10 años y 70 kilos de peso, en el centro de Menores de A Carballeira para someterlo a una dieta que evite la morbidez de su patología tras años de seguimiento infructuoso en un centro de día de la ciudad.

El fiscal jefe de la Audiencia de Ourense, Florentino Delgado, intentó persuadirlos para que entreguen al menor "aunque sólo sea para hacerle un chequeo" a cargo de especialistas de la Xunta "y ver como está". Pero ellos se encastillaron en su posición. "El niño está muy estresado", dijeron. Y se ratificaron en la decisión de no entregarlo si no es para que lo analicen dos psicólogos independientes designados por el Colegio Oficial orensano. "No haré nada que perjudique a mi niño", volvió a repetir Montoya.

Los padres no comprenden, según explica su abogado, José Manuel Rodríguez, cómo el Ministerio Fiscal habla de que "hay riesgo para la vida del niño y en lugar de pedir su ingreso en un centro hospitalario reclama que entre en un centro de Menores".

"La Fiscalía ha sido prudente", destacó el letrado de la familia al señalar que no pide, de momento, penas de cárcel ni la detención de los progenitores, aunque evaluará esa posibilidad en cuanto el juez cierre la instrucción el próximo martes, si no hay novedades antes. Ante esta situación, la Asociación Pueblo Gitano opinó que la solución al problema "no es la presión judicial" y defendió una resolución "pactada y beneficiosa" para todos.

El menor celebrará hoy su décimo cumpleaños en paradero desconocido. Ayer, en respuesta a la insinuación del fiscal de que el pequeño había estado en Barcelona, los padres aseguraron que no ha salido de Galicia.