El Supremo ilegaliza 30 hectáreas de relleno portuario en Pontevedra

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal uno de los mayores rellenos de la costa gallega, el de Placeres (Marín), de más de 300.000 metros cuadrados en plena ría de Pontevedra. Y los argumentos de su sentencia desmontan inquietantemente la forma de proceder de los puertos gallegos en su expansión: sin estudios de impacto ambiental y con el amparo de documentos urbanísticos que no pueden sustentar obras de relleno. El fallo obliga a la Administración a restituir la zona a su estado anterior al comienzo de las obras.

La sentencia revoca una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que daba la razón a la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra ante la denuncia de un colectivo vecinal. A pesar del daño ambiental de las obras, al que hace referencia la sentencia del alto tribunal, no fue una organización ecologista ni marisquera la que presentó la denuncia, sino una plataforma vecinal creada para rechazar el paso por una plaza pública del tren que da servicio a los nuevos muelles. El Supremo deja sin efecto el fallo del TSXG.

No sólo el relleno de Placeres, sino el Plan Especial del Puerto al completo, validado por la Xunta de Fraga en 2000, ha quedado anulado por la sentencia, que recoge la "perplejidad" de la sala ante los argumentos de defensa esgrimidos por la Autoridad Portuaria. "Queda claro que el Plan Especial en cuestión debió someterse a evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva", añade el Supremo, "mayormente considerando la incidencia de la obra en un espacio de alto valor medioambiental y ecólógico como es la ría de Pontevedra".

El fallo, que obliga a la Xunta, a la Diputación de Pontevedra y al Puerto a costear la retirada del relleno, extendió ayer el nerviosismo entre las administraciones afectadas. El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, convocó un consejo de administración extraordinario para informar de la sentencia, que consideró de difícil ejecución. "El daño ambiental de desmontar los muelles puede ser superior al de la propia obra", opinó. La Xunta guardó silencio, mientras los vecinos que promovieron el recurso anticiparon que reclamaran no sólo la retirada del relleno, sino la nulidad de las licencias de las empresas instaladas en la zona.