Una multa pone fin al conflicto del transporte portuario

La conformidad se alcanzó finalmente ayer y ocho camioneros del puerto de Valencia aceptaron en la sección primera de la Audiencia de Valencia multas por delitos y faltas de amenazas, coacciones y lesiones. Así se ha cerrado una investigación de cinco años sobre unos incidentes entre miembros de dos asociaciones de transportistas de contenedores de Valencia en 2005. La absorción por parte de la asociación Transcont, cuya anterior directiva estaba imputada, de la Asociación del Transporte Portuario Europeo (ATPE), la denunciante, favoreció la retirada de la acusación particular y por tanto la consecución de un acuerdo.

Los hechos se remontan a marzo de 2005, en pleno conflicto por el control de la actividad en el puerto de Valencia. Una asamblea de ATPE, miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) acabó con una pelea y destrozos mobiliarios por la intervención de afiliados de Transcont. Y ese fue el origen de la causa judicial que ayer se cerró. Con anterioridad, y según se recoge en el relato de hechos del ministerio fiscal admitido por los ahora condenados, en agosto de 2004, se produjeron encuentros entre los contendientes en los que los miembros de Transcont manifestaron que para trabajar en el puerto tenían que pagar 3.000 euros más otros 300 de cuota. David Orduña, directivo de Transcont y uno de los procesados, afirmó entonces que "sin número no podía trabajar en el puerto y sin éste no se movía ni un contenedor en el puerto, y quien lo hiciese, que se atuviera a las consecuencias".

El acuerdo entre Transcont y ATPE favorece la salida a la confrontación

Otros dos procesados, dijeron a los denunciantes en otro momento del conflicto: "Si duermes en el camión corres el peligro de salir ardiendo" o "Ten cuidado que los camiones se calientan". Éstas y otras manifestaciones, así como los incidentes de la asamblea de ATPE acabaron en los juzgados. Finalmente, tres de los acusados han aceptado multas de 22 meses que suponen casi 4.000 euros. Otros cuatro procesados pagarán con dos meses de multa. Y el que fuera presidente de Transcont, Alfredo Martínez Peral, al que se acusaba sólo de asociación ilícita, ha quedado absuelto.