Los 'barones' del PP apuntalan a Camps tras lanzarle un ultimátum

El ultimátum que los tres barones provinciales del PP regional lanzaron el pasado jueves al presidente Francisco Camps para que se deje de enroques, depure las responsabilidades políticas que procedan por el caso Gürtel y dé un impulso a su gobierno, paralizado desde que estalló el escándalo, ha caído como una bomba en el ya de por sí debilitado liderazgo político de Camps.

El efecto ha sido tan demoledor que, tres días después del encuentro de los tres barones provinciales, éstos se vieron obligados ayer para detener las especulaciones en torno al alcance de su reunión a emitir un comunicado público para apuntalar a Camps. "Ante la multitud de interpretaciones aparecidas sobre la reunión, queremos mostrar nuestro total apoyo al presidente del PP y de la Generalitat", dice el escueto texto.

Los presidentes del partido en Castellón, Carlos Fabra, en Alicante, José Joaquín Ripoll, y en Valencia, Alfonso Rus, coincidieron en una reunión privada celebrada el pasado jueves en un campo de golf de Castellón que Camps debe acometer una serie de cambios antes de que arranque 2010. Debe remodelar el Consell, convocar un comité ejecutivo regional que nombre al nuevo secretario general en sustitución del defenestrado Ricardo Costa, y consultar con ellos el futuro portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, en su comparecencia de todos los viernes, salió al paso y precisó que Camps no pensaba remodelar su gobierno, pues ya acometió cambios a finales del pasado mes de agosto.

Pese a todo, el ultimátum sigue en pie. Algunas fuentes del PP aseguran que Camps debe mover ficha antes de 2010 porque la situación es insostenible. El escándalo de los trajes, la supuesta financiación irregular del PP y la surrealista defenestración de Costa han puesto a Camps al borde del precipicio, por lo que los barones provinciales le exigen una reacción inmediata.

No lo reconocen en público, pero la gestión que ha hecho el presidente de la Generalitat de esta crisis les parece un disparate. La inquietud y preocupación entre los dirigentes del partido son palpables por la negativa del presidente a abordar la crisis. Cada vez son más las voces dentro del PP que exigen a los dirigentes que diseñen un plan B por si el escándalo acaba arrollándolo.Los socialistas presentarán por otro lado esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la querella contra el presidente Camps y otros dirigentes del PP por varios supuestos delitos, con el fin de que se investigue el informe policial sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano.

La querella se dirige también contra el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; contra el ex secretario del PPCV Ricardo Costa, contra el vicesecretario David Serra, contra la tesorera, Yolanda García, y otros altos cargos del partido. La iniciativa se sustentará en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales remitido el pasado 31 de julio al TSJCV, que no lo tuvo en consideración y remitió al TSJ de Madrid. Los socialistas valencianos reclamaron entonces una declinatoria para que se enviara de nuevo a Valencia y no han obtenido respuesta.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ya ha adelantado que en la querella pedirán la declaración de 29 testigos sobre los que existe "alguna duda" en su actuación, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la portavoz del PP en Elche, Mercedes Alonso, porque aparecen en el sumario como "contactos" de la trama Gürtel.

Los socialistas valencianos pretenden con esta iniciativa "avanzar" el proceso y que se investigue, además de una supuesta financiación irregular, si ha existido malversación de fondos, cohecho, delito fiscal y delito de alteración contable.

A su vez, el Partido Popular ya ha adelantado que presentará "en el momento procesal oportuno" una querella criminal contra el PSPV-PSOE y su secretario general por denuncia falsa, al considerar que los hechos que narrarán los socialistas para sustentar su acción judicial "son falsos".

La vicesecretaria de Comunicación del partido, Marta Torrado, instó ayer a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a que "pida a la fiscalía" que inicie una investigación sobre las adjudicaciones del Gobierno español por valor de 300 millones de euros a la empresa Teconsa, supuestamente vinculada a la trama Gürtel.

Torrado insistió en que "se han adjudicado 45 millones" de euros "después de que el delegado de la empresa se reuniera con una asesora" de la Moncloa.

El Ministerio de Fomento precisó ayer que las obras a las que hace referencia el PP "fueron licitadas y adjudicadas provisionalmente de acuerdo con las propuestas de las mesas de contratación" y de acuerdo con la ley.