Una concertación igualitaria y sostenible

Los ejes principales de la negociación del VII acuerdo de concertación están casi pactados. Junta, patronal y sindicatos han cerrado los primeros puntos de un documento que tendrá dos objetivos fundamentales: más medidas de choque frente a la crisis e impulso y apoyo financiero a la actividad productiva, de un lado; y ayudas sociales directas y de protección de las rentas para las familias y los desempleados.

Fuentes de la negociación han descrito el escenario en el que se está concretando el séptimo acuerdo de concertación. El documento de concertación tendrá dos ejes transversales sobre las políticas consensuadas que serán, de un lado, la igualdad, y de otro, el referente de sostenibilidad, ligado al proyecto Andalucía Sostenible. Bajo ese paraguas se articularán seis líneas de actuación específicas: una primera de empleo y capital humano, incluido el empleo público; una segunda, denominada Desarrollo Empresarial; como tercera línea estará el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y la Información. Las políticas TICs; en cuarto lugar se articularán políticas de Cohesión económica y desarrollo empresarial; Como quinta línea programas de cohesión social y territorial; y un sexto punto en el que se establecerá el diálogo social permanente entre los agentes sociales y el ejecutivo y los mecanismos de seguimiento del acuerdo.

El acuerdo instará a mejorar la inspección de trabajo

"Nunca se ha negociado con tantas ganas de lograr un acuerdo"

Las reuniones del VII acuerdo de concertación tratan estas semanas de cuantificar las políticas y concretar algunas de las actuaciones en cada línea, especialmente en relación a las medidas de choque y apoyo a la actividad productiva. En este sentido, en la mesa de negociación se ha insistido en que los mecanismos o programas que se incluyan en el acuerdo definitivo, y que podrían ser continuidad de planes puestos ya en marcha -como el Proteja o el Menta-, corrijan algunos defectos detectados en su aplicación. Tanto los sindicatos como la patronal han señalado la necesidad de que los planes se orienten al mantenimiento del empleo y no creen un efecto perverso como el detectado en el Plan E del Ejecutivo central, que ha destruido empleo fijo a cambio de crear empleo temporal y precario, dado que la contratación era primada a la hora de adjudicar las obras. La idea es que estos planes se reorienten a proyectos de economía productiva y, en menor medida, a obras puntuales y de escasa repercusión a medio o largo plazo.

Otro de los aspectos que el VII acuerdo de concertación llevará implícito será una referencia directa a mejorar la inspección de trabajo, en tanto sea posible dado el nivel competencial de la Junta de Andalucía. La lucha contra la economía sumergida merecerá también otro capítulo, ya acordado entre las tres partes negociadoras del acuerdo, que reconocen que no todo es consecuencia del empleo irregular, pero que pretenden poner de relieve e intentar que aflore para mejorar la competencia y la productividad de la economía andaluza.

Uno de los aspectos que aún no está cerrado es el de las evaluaciones del pacto, que se pretenden sean más cuantificables en términos tangibles para el ciudadano. En este sentido, la discusión en la mesa de concertación se centra en consensuar qué parámetros habrá que tomar para valorar los resultados de los planes que recoja el acuerdo. Lo que sí está acordado es que, en principio, la concertación se cerrará por un periodo de cuatro años, aunque estará condicionada al final de la legislatura.

Las tres partes que negocian el acuerdo han señalado la necesidad de que éste se firme cuanto antes, así como que las reuniones han estado presididas "por una voluntad de negociación y de alcanzar acuerdos como no se había dado en los seis pactos anteriores". "Ha habido una voluntad de acuerdo unánime por encima de los intereses particulares de cada parte", indicó uno de los negociadores.