Abjuraciones malayas

Los protagonistas del capítulo más grueso de corrupción política conocido hasta ahora por la justicia española parecen tener ya poco en común. En las cinco sesiones celebradas hasta ahora de la vista por los recursos contra el auto de procesamiento de los imputados en el caso Malaya, los abogados defensores han dejado bien claro que ha llegado la hora del sálvese quien pueda, aunque ello sea a costa de inculpar al compañero de banquillo. En una red tan compleja en la que se cruzaron tantos intereses, el de la exculpación es muy complicado de compartir. Si otrora se pudo hacer negocio ilícito conjunto, a la hora de evitar una condena quien sobornó, por ejemplo, puede escudarse en que fue extorsionado; el político que tomó una decisión, en que era la recomendada por los técnicos; o quien hizo alguna gestión, en que desconocía el verdadero fin de la misma.

En la carrera de exculpaciones, el peor parado es Juan Antonio Roca

En la carrera de abjuraciones, el peor parado es quien tiene atribuido el papel de urdidor de la trama, Juan Antonio Roca. Por eso su abogado, José Aníbal Álvarez, ha sido el único letrado de los 63 recurrentes que ha asistido a todas las sesiones celebradas hasta ahora. Según el juez, Roca, además de diseñar el planeamiento urbanístico de Marbella, se benefició de las decisiones municipales participando en negocios con los promotores que iban a beneficiarse de permisos municipales, bien directamente, o de tapadillo detrás de sociedades interpuestas que controlaba.

El relato del abogado del empresario Fidel San Román, imputado por pagar tres millones de euros de comisiones para obtener licencia, es muy ilustrativo. Jorge Manrique aseguró el viernes que su patrocinado se vio abocado a un "callejón sin salida" y pagó porque se encontró que cuando había levantado 11 bloques de la urbanización El Cantizal y tenía vendidas más de 60 viviendas, el Ayuntamiento de Marbella no le daba la licencia de primera ocupación. "Pasó por donde tenía que pasar para solucionar un problema", afirmó el abogado. El terreno donde construyó la promoción lo compró a una sociedad que resultó ser de Roca, algo que según el letrado San Román desconocía.

También la defensa del ex presidente de Portillo Joaquín Martínez Vilanova arguye que fue extorsionado con "amenazas y presiones" por Roca y el concejal Victoriano Rodríguez para la concesión del transporte urbano. Al revés de lo que sostiene el juez en sus autos, la defensa afirmó que la empresa "nunca tuvo voluntad" de pagar y nunca lo hizo.

También el abogado de José María González de Caldas señaló que éste fue extorsionado y coaccionado por Roca en un convenio por el que se le pidió 200 millones bajo cuerda que afirma no haber pagado. Es uno más de los numerosos testimonios que, a falta aún de los alegatos de otros empresarios y socios y testaferros de Roca le sitúan en la cúspide de la trama; pese al empeño de su defensor de negar el poder de su patrocinado y echar la culpa al muerto: "Nada se movía en el Ayuntamiento de Marbella sin las órdenes de Jesús Gil".

Uno de los testimonios más llamativos ha sido el del abogado del que fuera director financiero de la promotora Aifos, José Andrés García Rull, que lo definió como "un simple empleado" y lo puso en contraposición con el núcleo duro que formaban los otros tres directivos de la firma imputados, entre ellos su presidente, Jesús Ruiz Casado. El abogado leyó un auto del juez en el que relata que Aifos pagada comisiones a través de cheques que firmaba Ruiz y las cantidades las recibía otro directivo, Francisco García Lebrón, "para que lo entregara a gente enviada por Roca". "Ahí no está José Andrés León, que nada sabe de esos pagos", concluyó su abogado.

De los alegatos de los ex concejales imputados sobresale el de Carmen Revilla, que si en su día llamó la atención por haber confesado al juez haber recibido dinero en sobres de Roca y de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, y que el ex gerente de Urbanismo urdió la moción de censura contra Julián Muñoz, no lo ha hecho menos al retractarse. Ahora su abogado ha alegado que dijo aquello "por miedo psicológico".

Las condiciones de presión en la que prestaron declaración han sido argumento utilizado por otros ediles que, como Revilla, se han desdicho de su primera versión. En general, las defensas de los ediles han optado por cuestionar el procedimiento y la falta de concreción y motivación del auto de procesamiento. Uno de los elementos más cuestionados ha sido lo que entienden la falta de pruebas de que las iniciales encontradas como perceptores de pagos en el libro de contabilidad de Roca se correspondan con los ediles. Lo alegó entre otros el abogado de Isabel García Marcos, para quien no hay por qué identificar el pago inscrito a IGM con el dinero hallado en la casa de la ex edil.