Hacienda exige a los rectores que recorten un 6% su presupuesto

Una vez más se encienden las alarmas en el sistema universitario valenciano por la incertidumbre financiera. La Generalitat ha planteado a los rectores un recorte presupuestario "terrible" e "inasumible" de un 6% de los 815 millones para el presupuesto del próximo año. Descontado el gasto de personal, en el que las universidades apenas tienen margen (las nóminas las fija el Gobierno), el efecto en el resto de las cuentas es mucho mayor. Los rectores mantuvieron una larga reunión el martes en Valencia con los responsables de la consejería de Hacienda que dirige Gerardo Camps. José Manuel Vela, secretario autonómico de Economía y Presupuestos, pidió a los rectores un "esfuerzo de austeridad importante" por la crisis económica general y la de la propia Generalitat.

Los rectores se mostraron "sensibles" ante el contexto actual pero recordaron, al mismo tiempo, que tienen "compromisos" financieros de obligado cumplimiento. Entre ellos figuran los gastos de personal, fundamentalmente. Un recorte del 6% sobre los ingresos, incluido el capítulo de nóminas es "imposible", según fuentes académicas, ya que en realidad sería una reducción mucho mayor. De los 815 millones que se rebajarían casi un 70% es para nóminas de personal, que no se pueden recortar, con lo que el recorte real sería muy superior. Uno de los rectores resumió ayer gráficamente el panorama: "Recortes presupuestarios sí, pero que sean viables y no pongan en peligro las nóminas del personal".

El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Rodríguez Marín, presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas, quedó encargado de presentar a la Consejería de Hacienda una propuesta asumible de rebaja que rondaría el 2% aproximadamente, sin contar el capítulo destinado a nóminas. La respuesta de los rectores todavía no está cerrada y hoy Rodríguez Marín trasladará una propuesta "realista" a la Administración.

La incertidumbre que plantea sobre el presupuesto del próximo ejercicio no es el único quebradero de cabeza para los rectores valencianos. Además, están preocupados por el retraso en el pago del último trimestre de este año en curso. Son más de 100 millones de euros que la Generalitat se ha comprometido a pagar "antes de que finalice el 2009", pero no de manera inmediata. Ante este panorama, los equipos financieros de los campus barajan "todas las hipótesis posibles" para endeudarse más y poder pagar las nóminas y cubrir los gastos hasta Navidad.

Por otro lado, ayer la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se incorporó como nuevo miembro al Consejo Social de la Universidad de Alicante.