Los defensores solicitan evitar nuevas "brechas digitales"

Los defensores del pueblo de varias comunidades autónomas mostraron ayer su "preocupación" por que las desigualdades en el acceso a las nuevas tecnologías pueda mermar los derechos de un sector de la sociedad. Ésta fue una de las conclusiones a las que llegaron los defensores autonómicos, que esta semana han celebrado en Sevilla su jornadas anuales de coordinación. La reunión se ha centrado en la protección de los derechos de los ciudadanos en la aplicación de las nuevas tecnologías y los defensores han concluido que las administraciones deben implicarse más en garantizar estos derechos.

El acceso a las nuevas tecnologías constituye, en su opinión, un derecho en sí mismo, pero, además es ya un medio "imprescindible para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía" y su incorporación a la vida social, cultural y económica. "Toda limitación en el acceso y utilización de las nuevas tecnologías condiciona gravemente el efectivo disfrute de los derechos ciudadanos y su plena participación en la sociedad", advierten los defensores en el documento de conclusiones, en el que también atribuyen a los poderes públicos la obligación de evitar la creación de "nuevas brechas digitales".

El documento pide que los poderes públicos garanticen la 'ciberseguridad'

Los defensores instan a las administraciones a regular las "condiciones básicas" que garanticen la igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías. Como punto de partida, consideran "imprescindible" el acceso a la banda ancha a un precio "asequible".

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que presentó las conclusiones acompañado del defensor estatal, Enrique Múgica, señaló que las quejas relativas a la telefonía móvil siguen acaparando la mayoría de las denuncias que llegan a los defensores relativas a las tecnologías de la información. Con todo, las quejas qué más preocupan son las que alertan de casos de pederastia, acoso o violación del derecho a la intimidad. En este sentido, los defensores instan a los poderes públicos a garantizar la "ciberseguridad" y dotarse de medios para perseguir penalmente las conductas en Internet tipificadas como delito. Los defensores han tratado también el papel de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y en el sanitario, para el que los defensores pidieron "el mismo grado de implantación" en todas las comunidades autónomas.