Roca se escuda en el difunto Jesús Gil para eludir el juicio del 'caso Malaya'

La defensa de Juan Antonio Roca recurrió ayer a una argucia clásica en su intento, probablemente vano, de evitar que el ex asesor urbanístico sea juzgado como presunto cerebro del caso Malaya: echar la culpa sobre una persona fallecida. En este caso, el chivo expiatorio es de primera categoría penal: el difunto alcalde de Marbella Jesús Gil. El abogado de Roca, Aníbal Álvarez, sostuvo que su cliente "ni diseñó ni ordenó el urbanísmo de Marbella, sino que fue Gil", y, por si no había quedado claro, abundó: "En Marbella no se movía nada sin las órdenes de Gil".

Álvarez sostuvo esta idea ante la Audiencia Provincial de Málaga en la primera sesión de la vista sobre los recursos que 63 de los 103 imputados en el caso Malaya han presentado contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el primer instructor de la causa, el magistrado Miguel Ángel Torres. La vista, que se celebra desde ayer hasta el día 30 en la nueva sala del jurado de la Ciudad de la Justicia, es una especie de ensayo general para el macrojuicio por la corrupción en Marbella, para el que todavía no se ha fijado fecha. La Audiencia confía en que el juicio se inicie en 2010.

La Audiencia de Málaga confía en celebrar el juicio durante 2010

El alegato del abogado de Roca era el más esperado de los escuchados ayer. Álvarez evitó desvelar su línea de defensa para el juicio y echó mano de argumentos que ya había utilizado anteriormente en otras vistas sobre recursos. El letrado rechazó la participación del ex asesor urbanístico en la moción de censura que en agosto de 2003 desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. "Ni era político ni tenía cargo como funcionario, así que malamente podía dirigir el Ayuntamiento".

En la misma línea de negación, el abogado arguyó que "no existe ni un solo convenio urbanístico o licencia firmado por el señor Roca, ni éste apareció en los plenos o comisiones en los que se aprobaban".

Respecto a su patrimonio, obtenido supuestamente a través de mercadear con el suelo marbellí y tasado inicialmente por la policía en 120 millones de euros, Álvarez afirmó que "esta cifra corresponde al pasivo, no al activo" de su cliente.

El entramado societario del que, según el juez instructor, Roca se sirvió para ocultar su riqueza también está libre de sospechas, aseveró el letrado: "Todas las sociedades de Roca tiene sustantividad legal, no son fachadas. Presentaban cuentas y tributaban a Hacienda. Si fueran meras pantallas habría que imputar por blanqueo a los bancos que por otra parte, les concedían créditos importantes". Estos argumentos eran anotados por el delegado de la fiscalía anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que no intervendrá hasta la última jornada de las vistas, el 30 de octubre.

La nueva sala del jurado, con 260 plazas y ampliada para albergar el juicio del caso Malaya, acogió ayer a un ejército de abogados cuyo objetivo principal era echar por tierra el auto de procesamiento -y la instrucción entera- del juez Torres. El defensor de Julián Muñoz, Ignacio Prieto, dijo que que el ex alcalde "no tomaba decisiones urbanísticas y se limitaba a firmar lo que le pasaban". El letrado de Muñoz trasladó la responsabilidad delictiva de su cliente a Roca y a sus sociedades.

El resto de abogados se cnetró en quejarse de la falta de motivación y concreción del auto de procesamiento. Pablo Luna, defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, sostuvo que en la instrucción se ha vulnerado el derecho de contradicción de los imputados mediante un secreto sumarial excesivamente largo. También afirmó que la causa debería juzgarse en la Audiencia Nacional y no en la Audiencia Provincial de Málaga y acusó al juez Torres de "falta de imparcialidad" por haber aceptado, en junio de 2007, la medalla de la Policía Local de Marbella.