El camino del nuevo municipalismo

Más y mejor autonomía. Más y mejor financiación. Estos son los dos pilares fundamentales del nuevo modelo local hacia el que nos encaminamos en nuestra comunidad gracias a la nueva Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), cuyo anteproyecto acaba de iniciar su tramitación.

Se trata de una ley más que oportuna, que marcará un antes y un después en el municipalismo y, sobre todo, que da respuesta a una reivindicación histórica; a una demanda de todos los alcaldes y alcaldesas, sean del color político que sean. La situación económica y financiera de los ayuntamientos viene siendo complicada desde hace ya algún tiempo y, ahora, se ha visto agravada, además, como consecuencia de la crisis que padecemos. Por eso esta ley es, en estos momentos, más oportuna que nunca. Porque de una vez por todas se determinarán las competencias propias de los gobiernos locales y se establecerá la financiación incondicionada tan reivindicada por alcaldes y concejales. Ha llegado la hora de los ayuntamientos.

Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, hemos hecho frente a un desafío de enorme trascendencia. Y ya no hay marcha atrás. Hemos iniciado el camino hacia un nuevo modelo local. Y quiero subrayar que lo estamos haciendo desde Andalucía. Hemos dado un paso muy importante. Nuestra comunidad es la primera en elaborar una ley de este tipo, tan demandada. Hasta ahora ha sido una reivindicación histórica. Y es la primera vez en 30 años que una comunidad autónoma, en este caso la andaluza, da un paso al frente para redactar una ley de este calado y trascendencia. Con ella, Andalucía marca una senda hacia la que, a partir de ahora, mirarán también otras comunidades autónomas: un nuevo modelo local.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía será una ley referente, pionera y con vocación de permanencia. Esta ley no surge para afrontar o para dar respuesta a problemas de carácter coyuntural, sino que tiene carácter intemporal; sienta unas bases. Nace con el objetivo de señalar y establecer las reglas del juego para todos los gobiernos locales por igual. Es una ley de solvencia para los ayuntamientos, que les confiere solidez y validez. Por primera vez se va a reconocer, además, que los gobiernos locales tienen la misma legitimidad que los gobiernos central y autonómico.

Y nace, también, esta ley para desarrollar nuestro Estatuto de autonomía. Ese es nuestro marco y es el que nos ha indicado el camino. La LAULA nace de él, pero también le confiere, a la vez, una gran fortaleza. El desarrollo de esta ley refuerza, si cabe, la decisión que tomamos de reformar nuestro texto estatutario. Refuerza, aún más si cabe, la utilidad del nuevo Estatuto.

Este nuevo marco estatutario nos va a permitir ahora presentarle al mundo municipal una ley ambiciosa y de futuro. La ley con mayúsculas para los ayuntamientos y diputaciones. Porque si alguna novedad incluye el anteproyecto de esta ley es que coloca al municipio y a la provincia al mismo nivel, constituyendo un mismo nivel de gobierno. En el anteproyecto de la Ley de Autonomía Local de Andalucía se establece, además, que el gobierno local pasa de ser mero administrador a ser capaz de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. De esta manera, se incluyen en este anteproyecto detalles tangibles de esta nueva óptica de lo local: la ordenación de relaciones sociales, potestad de autoorganización, ordenación de su territorio, regulación y gestión de sus servicios y de su propia iniciativa económica y captación, administración y destino de sus recursos.

En definitiva, la LAULA, que establece una treintena de competencias propias sólo para los ayuntamientos, garantiza que el municipio es autónomo de pleno derecho. Será una ley de una enorme trascendencia política que necesita de un amplio respaldo.

De carácter estatuyente, la LAULA requiere una aprobación por mayoría cualificada, pero desde el Gobierno de la Junta, no obstante, buscamos el máximo consenso. La importancia de esta Ley lo merece, como lo mereció en su momento el Estatuto de autonomía. Se lo debemos a todos los alcaldes y concejales; a los de ahora y a los que lo han sido desde que hace 30 años se constituyeran los primeros ayuntamientos democráticos. Aún queda margen para la negociación.

El camino no ha hecho nada más que comenzar y aún hay tiempo hasta la aprobación final de la ley, prevista para el primer periodo de sesiones del próximo año. Por ahora hemos cumplido el compromiso de iniciar su tramitación para que pueda llegar al Parlamento antes de que concluya el año. Ése era nuestro compromiso, como nos comprometemos a seguir trabajando para que todos los grupos políticos alcancen en la Cámara el consenso que requiere la ley. Es el momento de la política de altura.

Luis Pizarro Medina es Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía