166 aparcamientos privilegiados

El fin de las vacaciones de verano y el consiguiente aumento del tráfico en los alrededores de la Ciudad de la Justicia de Málaga ha recrudecido la bronca entre jueces, funcionarios, y Junta de Andalucía a cuenta del uso de las 166 plazas de aparcamiento subterráneo con que cuenta el mayor edificio público de la comunidad. El último jalón de la pugna ocurrió el pasado miércoles, cuando la magistrada María Teresa Sáez denunció por desobediencia a uno de los guardias civiles que custodian el aparcamiento y que le impidió estacionar porque ya estaba lleno. La denuncia de la juez ha puesto en pie de guerra a los sindicatos.

El enfrentamiento se arrastra desde la puesta en servicio del edificio, en enero de 2008. Los jueces exigen que las plazas subterráneas queden reservadas para los magistrados y algunos fiscales por motivos de seguridad. El resto de trabajadores del edificio rechazan esta pretensión "corporativa" y pretenden que las plazas para dejar el coche se asignen por riguroso orden de llegada. De momento, la Consejería de Justicia, propietaria y administradora del edificio judicial, sigue alineada con los funcionarios en la doctrina de que quien primero llega encuentra aparcamiento. El resto puede dejar su coche en el gran parking gratuito al aire libre construido en la finca anexa a la sede judicial, y que dispone de más de 1.500 plazas, para trabajadores y público en general.

Una magistrada denunció al guardia que le impidió acceder al parking

"No cuidan tanto la seguridad cuando salen a tomar café a media mañana"

La denuncia de la magistrada Sáez contra el agente de la Guardia Civil que le impidió dejar su coche a la sombra no fue una iniciativa individual. La juez se apoyaba en un acuerdo del pasado 8 de julio del entonces juez decano, José Manuel Caballero Bonald, por el que las plazas de aparcamiento quedaban asignadas en exclusiva a los jueces en virtud del artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En lo que atañe a los aparcamientos, este precepto legal, que regula las competencias de los jueces decanos, no puede ser más genérico: "Los Decanos velarán por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales".

Según los sindicatos representados en la Junta de Personal del edificio, este acuerdo del juez decano es "manifiestamente ilegal", pues, según ellos, "conculca e invade las competencias exclusivas de la Consejería de Justicia de la Junta". Los representantes de los funcionarios sostienen que el acuerdo no tiene validez ni ha de ser cumplido por las cerca de 1.200 personas que trabajan en la Ciudad de la Justicia.

El acuerdo gubernativo de julio no fue recurrido, por lo que el pasado 2 de octubre, el nuevo juez decano, José María Páez, lo consideró firme. Y no sólo eso: Páez requirió por escrito tanto al capitán de la Guardia Civil encargado de la seguridad del edificio como al gerente de la Ciudad de la Justicia a que cumplieran el acuerdo que otorga el aparcamiento a los jueces "bajo apercibimiento de delito de desobediencia". Adriano Moreno, del sindicato SPJ-USO, mayoritario en la Ciudad de la Justicia, considera que el acuerdo y las "presiones" a la Guardia Civil y al gerente "son casi prevaricatorias". Los funcionarios rechazan el criterio de la seguridad para asignar los aparcamientos: "Cuando salen a tomar un café a media mañana, los jueces no tienen tantas prevenciones", afirman los sindicatos.

Ante una polémica con visos de agriarse, el nuevo decano aseguró ayer en una tribuna en un periódico local que "no existe conflicto alguno entre los jueces de Málaga y la Guardia Civil" y que "nadie discute" la propiedad de la Junta sobre la Ciudad de la Justicia. Páez asegura que la doctrina del Tribunal Supremo atribuye a los jueces decanos la distribución de los aparcamientos de los edificios judiciales, y considera que el acuerdo de junio debe ser cumplido o recurrido.

La situación ha provocado ya algún conflicto. En una ocasión, los vigilantes negaron la entrada al aparcamiento al juez y al fiscal de los juzgados de guardia. Según fuentes de la Junta de Andalucía, la semana pasada, una funcionaria que había dejado su coche en el subterráneo se sintió enferma. Cuando fue a llevarse su vehículo se lo encontró taponado por el de un juez que, al no encontrar plaza, había estacionado en uno de los carriles del parking. La funcionaria tuvo que irse en taxi.