Estepona echará a decenas de empleados imputados por corrupción

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga), dirigido por el socialista David Valadez, comenzó ayer a notificar la suspensión de empleo y sueldo de trabajadores municipales implicados en el caso de corrupción Astapa que seguían en sus puestos a pesar de haber sido detenidos y estar en libertad con cargos desde hace más de un año.

La medida afectará a "decenas" de trabajadores salpicados, unos 40, por el caso de corrupción, entre los que hay empleados de sociedades municipales, funcionarios y trabajadores eventuales, precisan fuentes municipales. Los expedientes disciplinarios están directamente relacionados con el reciente levantamiento parcial del secreto de la causa. En las diligencias aparecen retratadas las peripecias de técnicos del Consistorio, sobre todo de Urbanismo, acusados de cobrar o exigir comisiones por agilizar trámites, hacer tasaciones de terrenos a la baja o emitir informes a la carta.

"Se ha comenzado por los casos más graves", aseguran desde el Consistorio. El departamento de personal y asuntos jurídicos del municipio ha abierto los expedientes disciplinarios y comenzó a notificar a primera hora de la mañana el cese de varios imputados. El proceso será largo ya que las decisiones deben ir "muy fundamentadas" y "ha de estudiarse cada caso", añadieron.

Entre los primeros en recibir la temida notificación está el arquitecto técnico Arturo Cebrián, en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Los investigadores inciden en su "elevado nivel de vida", algo que les hace pensar en unos "ingresos paralelos no justificados".

En uno de los pinchazos telefónicos el arquitecto reclama a un empresario de un club de alterne el pago de 42.000 euros a cambio de una licencia de apertura. Cebrián, con contrato laboral eventual, tenía una empresa particular en la que, según los investigadores, recibió pagos de la promotora Valle Romano, con intereses urbanísticos en la ciudad.

El sumario judicial también retrata al antiguo jefe de los servicios técnicos de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, considerado "intocable" por el anterior alcalde Antonio Barrientos, también implicado. Según su auto de detención, era una persona de confianza del ejecutivo y "muchas" veces le llamaban para indicarle el sentido de sus informes. Los policías subrayan su papel en la "reconstrucción de convenios" y detallan cinco casos. Tanto De la Hoz como Andrés Flores, antiguo jefe de servicios jurídicos, fueron apartados de las jefaturas el pasado febrero por el regidor. En el registro domiciliario de Flores la Policía encontró 16.100 euros en efectivo.

El ingeniero técnico Javier Wittmeur, que estuvo en prisión preventiva y también incorporado a su puesto, está acusado de hacer informes favorables a licencias irregulares o tasar a la baja los terrenos para convenios urbanísticos que supusieron al Consistorio un quebranto de 49,5 millones de euros.

Fuera del área de Urbanismo, se encuentra otro de los principales imputados: el antiguo jefe de gabinete de alcaldía José Flores. Después de pasar seis meses en prisión preventiva ha recuperado su puesto de funcionario en la biblioteca municipal.