El cargo de ciudadano

En ruptura con el tradicional tono deferente de las sesiones de apertura del Año Judicial, el fiscal general del Estado inició este año su intervención con una frase atribuida por Barack Obama en La audacia de la esperanza a un juez americano: "El cargo más importante en democracia es el de ciudadano". Cándido Conde-Pumpido señaló el lugar que deben ocupar -por contraste con la cita- los miembros del Poder Judicial: "Es al ciudadano, protagonista esencial del Estado de derecho, a quien rinde cuentas aquí y ahora el ministerio fiscal". A diferencia del vacío ritualismo del discurso del presidente del Supremo, glosador ancilar de la cláusula de cortesía constitucional sobre la Administración de la justicia "en nombre del Rey", esa acertada referencia al fundamento democrático de la actividad de los tribunales se halla cargada de implicaciones. El fiscal general criticó -implícita aunque claramente- la tendencia de los partidos a jugar al escondite con la justicia cuando sus dirigentes son atrapados en delitos de prevaricación y soborno para beneficio propio o de la tesorería de la organización.

En la apertura del Año Judicial, el fiscal general subraya la necesidad de erradicar las prácticas corruptas

La plana mayor del PP, en general, y el Muy Honorable presidente Camps y su cuadrilla, en particular, son el mejor ejemplo de esa doble moral. Pero la lógica del respeto al ciudadano exige justicia igual para todos, sin privilegios ni excepciones. Así como los niños sorprendidos copiando en un examen se lo ocultan a sus padres, pero a la vez acusan al maestro de tenerles manía, o así como los descuideros agarrados in fraganti niegan la evidencia ante el juez, pero al tiempo recuerdan que la mayoría de sus colegas permanecen en libertad, los cargos públicos imputados por soborno siguen esa misma doble pauta: se defienden con trucos procesales en los tribunales, pero, simultáneamente, esgrimen como coartada que todos los partidos son culpables de financiación ilegal. En nombre de los ciudadanos, Cándido Conde-Pumpido subraya que una sociedad democrática debe erradicar las prácticas corruptas "vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores y sea cual sea su estrategia de defensa".

La única frase digna de recuerdo del discurso del presidente del Supremo fue su condenable apoyo corporativista al grupo de magistrados de la Sala Segunda entregados con parcialidad, dependencia y sectarismo al sañudo acoso de Garzón. El también presidente del CGPJ no mencionó -ni condenó- la huelga del 8 de octubre convocada por la Asociación Nacional de la Magistratura, ni tampoco se refirió al ambicioso Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el Consejo de Ministros hace 10 días que priva de sus últimos pretextos a ese corsario paro judicial. Avalada ya por su reciente voto contra el dictamen del CGPJ sobre la ley del aborto, la designación de Carlos Dívar al frente de esa institución continúa haciendo méritos para obtener el Premio al Nombramiento Más Surrealista del Presidente del Gobierno durante la presente legislatura.