Barberá defiende los contratos a dedo porque son más ágiles

Adjudicar las obras directamente a las concesionarias, sin concurso público, es más "ágil". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, despachó ayer así el aviso del interventor municipal de que el 71% del gasto en inversión se adjudicó en 2008 a dedo, "y no a través de contrataciones en sentido estricto". La auditoría interna destaca desde hace años la práctica del gobierno del PP de dejar más del 70% de la inversión en manos de las contratas, concesionarias y a la empresa municipal Aumsa, mientras que las adjudicaciones por concurso no alcanzan el 20%.

"Es absolutamente legal, se hace por agilidad de la construcción y de la tramitación. No es a dedo, es contratación directa o a través de Aumsa, que sí hace concursos. Además, está previsto en los pliegos de las contratas", alegó Barberá. "Eso que se está diciendo como si fuera un escándalo de gestión es legal y es para la tramitación más ágil", declaró molesta la alcaldesa, que tampoco quiso entrar en las críticas por las facturas atrasadas que emergen en ejercicios posteriores. "Yo no tengo facturas en los cajones", zanjó Barberá las preguntas sobre la auditoría tras una rueda de prensa que convocó para hablar del plan de austeridad municipal, pero que arrancó con contundentes críticas al Gobierno por la crisis y por aplazar la nueva financiación local en vez de resolverla junto a la autonómica, como prometió.

El plan de austeridad arroja un ahorro de 3,3 millones de euros

El plan de austeridad se ha traducido en un ahorro de 3,3 millones de euros en seis meses. No es una cantidad relevante cuando se gestiona un presupuesto de 800 millones, pero según la alcaldesa, se trata de "un balance positivo y ejemplarizante". Lo que cuenta es la intención, vino a decir.

En noviembre de 2008 anunció su pretensión de rebajar en un 7,7% el "gasto no productivo" en este ejercicio. Barberá no cifró entonces en euros ese objetivo y en el balance de seis meses presentado ayer, que eleva la reducción de gastos al 18,22%, incluyó datos dispares que no permiten concluir en todos los casos si ha habido un ahorro efectivo. El plan se circunscribió a partidas concretas, como las de material de oficina, teléfono, envío postal, alumbrado, combustible y electricidad. Para algunas el balance lo dio sobre los seis primeros meses de este año en relación con el mismo periodo del anterior, y en otros sobre cinco meses.

Además, el ahorro en conceptos como el alumbrado público, por ejemplo, se ha calculado con "datos homogéneos", lo que significa que se han comparado los consumos de un año y otro sobre las mismas farolas, sin tener en cuenta que el número puede haber variado, y en el caso de las dependencias locales no se ha contabilizado la subida de tarifas. Barberá alegó que "la luz la ha subido el Gobierno" y destacó el ahorro en kilovatios, pero no dio cifras totales del gasto en esas partidas. En el caso de los sellos, distinguió entre correo obligatorio (notificaciones, etc.), en el que no hay ahorro, y el resto de envíos, que se han reducido en 152.307 euros (un 69,28%). Respondía así a las críticas del concejal socialista Juan Ferrer, que hace unos días mostró el estado de ejecución del presupuesto a 31 de agosto, en el que la partida total de sellos ha pasado de 3,75 millones a más de cuatro. En el caso de la energía eléctrica, el gasto inicial de 14,8 millones se ha disparado a 22,2 millones, aunque el PP asegura que en esa partida se incluye el combustible de vehículos y hasta el forraje de los caballos de la policía. En el plan de austeridad, en cambio, se desglosan estas partidas, pero con datos de mayo.

El resultado es una "ceremonia de la confusión", criticó la portavoz socialista, Carmen Alborch. "Son cifras fabricadas con el propósito de confundir al ciudadano con unos datos que son contradictorios", añadió. Barberá, en cambio, se declaró "satisfecha" con el plan y anunció que lo mantendrá.