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Los albergues de la aceituna se abrirán a todos los temporeros

Junta y Gobierno rectifican y retiran el veto a los inmigrantes sin papeles

Ginés Donaire

Finalmente, los albergues de la próxima campaña de la aceituna en Jaén acogerán a "todos los que lo soliciten". El anuncio realizado en junio desde la Comisión de Flujos Migratorios de que se restringiría su acceso a los sin papeles provocó la reacción y la indignación de organizaciones sociales y ONG, por lo que el Gobierno central y la Junta se han visto obligados a rectificar "para no conculcar los derechos" de las personas que podrían quedarse sin asistencia social. Eso sí, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Teresa Vega, advirtió ayer de que habrá un "control exhaustivo" para el acceso a los albergues y los usuarios deberán identificarse y cumplir con otras exigencias en materia de seguridad.

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Las autoridades son conscientes de que la crisis económica puede ser un caldo de cultivo para la llegada masiva de personas foráneas en busca de trabajo en el olivar. Por eso, la Junta ha lanzado ya una campaña institucional en las provincias de origen de los inmigrantes -Lleida, Girona, Navarra, Murcia y otras con campañas agrícolas en marcha- con un mensaje claro: No hace falta más mano de obra porque los parados autóctonos -casi 50.000 en la provincia de Jaén- cubren las necesidades laborales. Además, más de 32.000 parados andaluces se habían inscrito a finales de agosto en el GEA (Gestión de Empleo Agrario), un instrumento de la Junta para casar la demanda de empleo en la agricultura con los desempleados de otros sectores. Ya el año pasado se inscribieron más de 15.000 parados para la campaña de la aceituna.

Con todo, la Junta trabaja con la hipótesis de que los inmigrantes seguirán llegando y, es probable, que los albergues vuelvan a saturarse. Por eso, en colaboración con los ayuntamientos, se trabaja en un dispositivo paralelo de emergencia del que no se quiere informar para no fomentar el efecto llamada.

Otros cambios para la próxima campaña olivarera, que se inicia en noviembre, pasan por reforzar los medios de la Inspección de Trabajo y el número de agentes en los tajos -habrá guardias civiles a caballo- para luchar contra la contratación irregular. También se hará un uso más restrictivo de los billetes que se daban a los temporeros para evitar "itinerarios penosos" en busca de trabajo por los distintos municipios de la provincia. Además, este año la veintena de albergues -que ofertan más de 800 plazas- abrirán en una fecha similar para evitar que unos se colapsen por culpa de que otros permanecen cerrados. La directora general de Políticas Migratorias, Rocío Palacios, que ayer presidió el Foro de la Inmigración de Jaén, se sumó a la tesis de que los convenios colectivos del campo deben estipular la obligatoriedad del empresario de facilitar el alojamiento a los temporeros.

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