La calculada carga del profesor Quintás

Que el sector de las cajas de ahorros anda revuelto desde hace tiempo, ya se sabe, y que se avecina un otoño caliente, también. Pero el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, no ha esperado a que acabara el verano para destapar la caja de los truenos. Y además, dio la sensación de que tenía muchas ganas de hacerlo. Aprovechó, primero, una asamblea de la CECA en Granada para atacar a los Gobiernos autonómicos por "perturbar" y "frenar" operaciones de fusión entre cajas, como pide el Banco de España, y remachó, al día siguiente, proponiendo adelantar las elecciones generales si no se alcanza un pacto de Estado entre los agentes sociales y políticos.

Las palabras de Quintás, al que a medida que se acerca su jubilación (el próximo mayo) se le desata más la lengua, abren el campo a todo tipo de especulaciones y cambios de ritmos en este mundo tan abstruso. Y han sido lo suficientemente directas como para que el patio se haya alborotado del todo. Quintás tenía tan meditada su intervención del miércoles que incluso se la había confiado a alguno de los pesos pesados de la confederación y al Banco de España. Al fin y al cabo, transmitía el sentir mayoritario de la asamblea, que cada vez le exige más dureza contra las injerencias políticas como es la oposición a fusiones interrregionales o las reclamaciones anunciadas contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Quintás ha vuelto a poner el dedo en la llaga para reclamar el cambio de la ley de cajas al que se oponen los poderes políticos. Por eso, su mensaje le viene muy bien al Banco de España, que se topa con esos impedimentos políticos a soluciones privadas que técnicamente son viables. Otra cosa es la petición de adelantar las elecciones, lo que ha sido calificado desde algunas tribunas como una intromisión, ya que toca tangencialmente a las cajas. Si está pidiendo que los políticos no se metan en las cajas, chirría que se haya metido en ese jardín.

Pero Quintás sabe la importancia que tienen las cajas en la economía del país a través de la obra social y porque representan más del 50% del sistema financiero. Habría que preguntarse si en este caso hablaba también con el respaldo de las cajas. Este hombre, que fue diputado de UCD, ha hecho gala de guardar las distancias con los partidos en los 14 años que lleva en la CECA, primero como director general con el hoy diputado del PP Manuel Pizarro, con el que guarda muy buena relación, de presidente, y luego en este cargo.

Entretanto, en la carrera de fusiones sólo han cogido velocidad las que forman parte de la misma región, como es el caso de las catalanas y ahora parece que las de Castilla y León; pero no así los escarceos que han hecho entidades como Caja Murcia con Caja Sur o Caja Astur con Caja España.

Otro ejemplo es el de CCM, la única intervenida por el Banco de España, que colocó a Xabier Alkorta y a Gorka Barrondo como primeros ejecutivos. La entidad se ha convertido en un pimpampum político en el que el PP ha encontrado un filón para disparar contra el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y el central. Da la sensación de que los dirigentes regionales del PP, encabezados por María Dolores de Cospedal, se han preocupado más por sacar rentabilidad política de la crisis de

CCM que por buscar soluciones. Esta circunstancia es motivo de preocupación de los nuevos responsables, y han sido ellos los que tomado la iniciativa para reunirse con los representantes políticos para darles cuenta de la marcha de la caja.

Por su parte, el Banco de España ha dado orden para que se abra el proceso de integración. Eso supone que UBS, que se encargó de elaborar el plan de viabilidad de CCM, tiene ahora que hacer un cuaderno de venta después de que Deloitte entregue el informe contable. Lo tiene que entregar el 5 de octubre, y UBS podrá presentar las ofertas antes del 15 de ese mes.

Cuanto más dure el proceso, más tiempo tendrá CCM para mejorar y convencer del mantenimiento del nombre, algo que también trató el presidente regional, José María Barreda, con el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. De dicha reunión nada ha trascendido, salvo las prisas del gobernador por cerrar las operaciones antes de que surjan nuevos impedimentos políticos. Una amenaza real.