Sabadell envía los expedientes de los pisos sociales al fiscal

El alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, dio ayer un golpe de efecto al caso de las presuntas irregularidades en la concesión de pisos para jubilados y anunció que había presentado ante la fiscalía, por iniciativa propia, toda la documentación sobre las adjudicaciones de las viviendas del complejo de Sant Oleguer.

El envío de los expedientes al fiscal se produce, dijo Bustos, "para que dirima si ha habido alguna actuación irregular y delictiva". El alcalde tachó de "calumnias" las informaciones publicadas a raíz de una investigación del grupo municipal de ICV-EUiA, que señalan que familiares de dos cargos públicos municipales habían obtenido una vivienda a pesar de no cumplir los requisitos establecidos, unos hechos reconocidos por el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Sánchez.

Familiares de cargos políticos fueron beneficiados sin cumplir los requisitos

El alcalde informó a los grupos de la oposición del envío de los expedientes a la fiscalía durante una reunión de la comisión informativa de Servicios Sociales que debía servir "para poner sobre la mesa la documentación y dar una explicación amplia del proceso", según había anunciado Sánchez el miércoles. Pero en el encuentro, los expedientes ya no estaban.

La portavoz de ICV-EUiA, Carme Garcia, afirmó que se había "secuestrado la documentación", y su homólogo de CiU, Carles Rossinyol, afirmó que el Consistorio no "puede utilizar como excusa la fiscalía para no enseñar la documentación" y no se cree que el Consistorio no tenga copia de los expedientes.

Los cinco partidos que forman la oposición (CiU, ERC, ICV-EUiA, Entesa per Sabadell y PP) presentaron ayer una moción, que debe debatirse y votarse en el pleno del 6 de octubre, en la que piden que se cree una comisión de estudio y de investigación sobre las concesiones de pisos sociales. La oposición suma 14 votos, frente a los 13 del PSC. Es decir, si el PP mantiene el compromiso de voto, la moción saldrá aprobada. Los grupos piden que la comisión esté formada por los partidos y, a la vez, por el Síndic de Greuges y un representante de la Generalitat. Bustos, al que no le constaba el registro de la moción, aseguró que, si interviene la fiscalía, "no tiene sentido nada más".