Desbloqueado el conflicto entre la Junta y los agentes por el uso de taxis

Un acuerdo para desbloquear el atasco de entrega de notificaciones que sufre Sevilla y alrededores. Ayer la Junta y los agentes judiciales lograron una "hoja de ruta" para restringir el uso de taxis en la capital andaluza. El Servicio Común de Notificaciones y Embargos contará desde la próxima semana con cinco taxis y un máximo de 520 horas al mes. De este modo, los agentes y oficiales podrán acceder a las zonas de especial peligrosidad como las Tres Mil Viviendas y Torreblanca, los servicios del juzgado de guardia, los levantamientos de cadáveres y los dirigidos a la cárcel podrán realizarse en taxi.

Así, la Delegación de la Consejería en Sevilla, la secretaria coordinadora provincial y la secretaria del servicio común esperan minimizar la reducción del ritmo de entrega, que disminuyó en un 70% y produjo 2.000 diligencias y 500 embargos sin notificar.

Un único taxi prestará servicio en las notificaciones de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Carmona, para su uso en función de "necesidades debidamente justificadas", especificó ayer Justicia en un comunicado. La nota apunta a que el encuentro fue "satisfactorio para todas las partes", al lograr establecer "una hoja de ruta" en cumplimiento de la Instrucción 2/2009.

La medida supondrá la reducción del 75% en los vehículos usados por este servicio. Justicia abonaba por los taxis en toda la comunidad tres millones al año. "Además, representa un gasto casi fijo al establecerse un tope máximo de facturación horaria, más allá del cual se impide el uso del servicio de taxis", aclaró el comunicado.

Depósito cerrado

Los problemas financieros de Justicia se multiplican y ayer el depósito judicial de vehículos de Sevilla se cerró "por falta de pago", según alegó la empresa encargada, Lorenzana. La decisión deja en suspenso la custodia de cientos de vehículos sujetos a procesos judiciales.

Además, desde el pasado 1 de agosto los cuatro depósitos judiciales de la comarca de Algeciras no admiten vehículos por la deuda de 40 millones contraída por Justicia con estas cuatro empresas. Ante el cierre de los depósitos, la Junta negocia ahora una solución.