El PP impone sus antojos en las Cortes

La comisión parlamentaria que debe comprobar si Leire Pajín reúne las condiciones para ser senadora territorial por la Comunidad Valenciana se convocó hace una semana para el 6 de octubre porque no podían convocarse reuniones en comisión "antes del debate sobre política general en pleno", según palabras textuales del portavoz del PP Ricardo Costa. Ayer, en palabras de Rafael Maluenda, portavoz adjunto del PP, "el periodo de sesiones arranca el 1 de septiembre" y puede convocarse cualquier comisión antes del pleno. De hecho, ayer se convocó para mañana la comisión del Estatuto del Diputado, para que los diputados autonómicos que deben incorporarse al pleno puedan hacerlo antes del 29 de septiembre.

Ángel Luna, portavoz socialita, solicitó que la misma comisión revise mañana los documentos que acreditan que Leire Pajín puede ser senadora territorial. Pero Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, replicó que el orden del día de la comisión del 6 de octubre se fijó la semana pasada.

Luna exigió que constara en acta que "no se incluye la revisión de la documentación que acredita que Pajín puede ser senadora por deseo expreso de la presidenta de las Cortes".

Martínez replicó: "Está usted muy alterado, señor Luna". Y el portavoz socialista deslizó: "Prefiero un debate político vehemente que la frialdad de un procedimiento judicial". "No sé si Milagrosa Martínez es consciente de lo que hace", siguió, "pero sí es consciente de lo que obedece. El PP está a la altura de Honduras".

Mónica Oltra, portavoz de Compromís, redondeó. "Nos toman por imbéciles", dijo, "lo que están haciendo para retrasar la normal composición del Senado tiene nombre, y está en el Código Penal". Oltra tampoco quiso precisar las implicaciones inmediatas de su comentario. Pero ante "el abusivo ejercicio de la mayoría parlamentaria" que ejerce el PP, tanto los socialistas como los diputados de Compromís barajan la necesidad de acudir a los tribunales.

Mañana también se celebrará la comisión convocada para debatir la oportunidad de exigir la comparecencia ante las Cortes de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidente del Gobierno central, y de Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, por instar, según la versión del PP, una persecución política de sus altos cargos.