Economía mantendrá el canon eólico pese al rechazo frontal de la industria

Las "tachas de inconstitucionalidad" a las que apeló insistentemente la Xunta para tumbar el decreto que desarrolla el concurso eólico, que en un principio iba a ser derogado y finalmente se quedó en una mera suspensión del procedimiento, se sustentan en un informe jurídico que matiza la contundencia de las críticas de la actual Consellería de Economía e Industria al modelo impulsado por el bipartito y deja en simple eventualidad la "inseguridad jurídica" a la que tanto han apelado los populares. De hecho, la Asesoría Xurídica de la Xunta, en el informe que valora el decreto, evita pronunciarse sobre la conveniencia de suspender o derogar el proceso. La patronal eólica, que critica con dureza la actuación del Gobierno de Núñez Feijóo por este motivo, se topó ayer con las advertencias del propio presidente de la Xunta, que garantizó el mantenimiento del canon en el nuevo anteproyecto de ley que regula el sector.

El informe no es concluyente sobre la inseguridad jurídica del decreto

El presidente acusa al sector de defender únicamente sus intereses

De las cinco conclusiones a las que llega la Asesoría Xurídica en el informe que da respuesta a la solicitud del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, sobre la legalidad del decreto eólico del bipartito, solamente una alude de forma explícita a "la vulneración de una norma de rango legal", la Lei de Patrimonio de Galicia, así como a "limitaciones al derecho a la libertad de empresa, consagrado en el artículo 38 de la Constitución". El informe, firmado por la directora general de la asesoría, María Cayetana Lado Castro-Rial, cita esa vulneración cuando hace referencia al criterio que establecieron en el texto legal los nacionalistas para primar a las ofertas dispuestas a dar participación pública en los parques eólicos.

Algunos puntos de ese artículo, dice el informe, "adolecen de imprecisión, por lo que pueden generar inseguridad jurídica, con infracción del principio previsto en el artículo 9.3 de la Constitución", que garantiza el principio de legalidad normativa. El documento de la asesoría, de 24 páginas, no va más allá en esta advertencia, y lo hace al valorar los planteamientos del decreto que aluden al modo de implicación de los propietarios de los terrenos donde se implanten los parques y la propuesta de instrumentos financieros para que se beneficien de su puesta en marcha. La asesoría también señala que la introducción de los criterios previstos por el bipartito para que puntuaran en el concurso "no tienen amparo en la existencia de obligaciones de servicio público previstas" en una directiva comunitaria.

En otra de sus conclusiones, los servicios jurídicos de la Xunta dicen que el procedimiento que regula el decreto "no se ajusta a la Ley del Sector Eléctrico, que recoge una autorización administrativa de carácter regulado" en vez de un concurso público en libre concurrencia, como hizo el bipartito. Sin embargo, los juristas de la Xunta admiten que el modelo de concurso público puede tener validez, de acuerdo con las normas comunitarias, "siempre que quede limitado a la preeminencia de razones calificadas de interés público".

Mientras, el presidente de la Xunta aseguró ayer, frente a las críticas de la patronal, que el sector está "más preocupado" por defender sus intereses que por conocer las modificaciones técnicas de la norma eólica. Feijóo volvió a defender la puesta en marcha del canon como medida "solidaria" para "sufragar en parte la sangría económica" que, en su opinión, sufren los municipios que albergarán los parques. "Esa es la decisión que hemos adoptado y la que mantenemos", dijo Feijóo.