Cuenta atrás del fosfoyeso

Fertiberia, propiedad del Grupo Villar Mir, tiene a la sociedad onubense dividida. Acumula unos 70 millones de toneladas de fosfoyesos (un residuo radiactivo de la producción de fertilizante) en unas 600 hectáreas de la marisma del río Tinto, a 500 metros de Huelva capital, pero también ha sido el motor de empleo de la provincia. De ella dependen otras factorías como Foret, Atlantic Copper y Nilefós Química.Unos desean erradicar el Polo Químico de una vez por todas y otros apuestan por mantenerlo, con el reajuste necesario.

Sus últimos 360 trabajadores directos están a la espera del plan para abandonar sus funciones de forma paulatina. El Gobierno central y la Junta han colaborado en un proyecto de cierre que comenzaría por reducir el 50% de la plantilla y mantendría viva la empresa hasta 2012. Movimientos como Greenpeace, WWF y la asociación y plataforma Mesa de la Ría, quieren cerrarla ya.

La última protesta de sus detractores se vivió el pasado miércoles en Bruselas. El ex parlamentario y socio de la Mesa de la Ría, David Hammerstein, expuso los problemas medioambientales de las balsas y las 7.000 toneladas de ceniza radioactiva del accidente de Acerinox de 1998.

Greenpeace ya había denunciado en 2005 que el índice de cáncer en Huelva es el más elevado de España y que las balsas de fosfoyesos emiten radiación 27 veces por encima de lo permitido. Hammerstein presentó estudios de las universidades Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid. "Lo que ocurre en Huelva es una verdadera locura. He viajado a la ciudad en numerosas ocasiones y he visto cosas que no hubiera creído", explica el ex parlamentario.

La dictadura franquista concedió en 1967 y 1968 dos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hectáreas donde acumular los fosfoyesos. En noviembre de 2003, Medio Ambiente declaró que la concesión había caducado por incumplir las condiciones. En vez de apilar los tres metros de residuos permitidos, la empresa acumulaba más de 20.

Fertiberia no se quedó quieta. Llevó el caso a los tribunales y, en junio de 2007, la Audiencia Nacional dio la razón a Medio Ambiente. La empresa recurrió al Supremo y pidió suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia. El Gobierno le reclamó un plan para reducir progresivamente el vertido y regenerar la zona. El pasado viernes presentó un nuevo ERE para otros 64 trabajadores, que el comité de empresa rechazó.

El director de Fertiberia, Roberto Ibáñez, consideró ayer que la petición del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a la Junta para que revoque la Autorización Ambiental Integrada (AAI) es "incorrecta, carece de rigor y no se ajusta al derecho".