Hereu pide prohibir por ley la prostitución en la calle

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, reclamó ayer a las administraciones autonómica y estatal que prohíban el ejercicio de la prostitución en la calle. Ésa podría hacerse mediante una reforma del Código Penal o con una ley que regule el trabajo sexual, actualmente en un limbo legal. Hereu evitó opinar, sin embargo, sobre si ese endurecimiento en la lucha contra la presencia de las prostitutas en la vía pública debería ir acompañada de una legalización de su actividad. "Es un debate sobre el que no hay consenso", apostilló.

De hecho, el Consistorio ya prohibió, con la ordenanza cívica de 2005, la oferta y demanda de sexo en la calle. La norma, sin embargo, ha dado escasos resultados como demuestran las imágenes de prostitutas y clientes manteniendo sexo al aire libre.

Es la segunda vez que el Consistorio reclama una mayor implicación de otras administraciones para perseguir la prostitución. La primera en hacerlo, el miércoles, fue la concejal de Seguridad, Assumpta Escarp, que acusó al Ministerio de Interior de no aplicar con suficiente dureza la Ley de Extranjería contra las prostitutas sin permiso de residencia.

Esta actitud consistorial sirvió al presidente del grupo municipal de Convergència i Unió, Xavier Trias, para lamentar que el Ayuntamiento "culpe a otras administraciones" de la situación. Trias insiste en que la ordenanza cívica no fracasa, sino que no se aplica.El PP, por su parte, reclamó a Hereu que "dé la cara" ante la dimensión del problema y reiteró la necesidad de más policía.

Mientras, Esquerra Republicana reclama en el Congreso un debate sobre la regulación de la prostitución. Los independentistas tratarán de abrir la discusión en la Cámara con una interpelación a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que registraron ayer. En ella, opinan que "el discurso abolicionista" del Gobierno perjudica a las prostitutas, y que el intento de erradicar su actividad las "estigmatiza" y "criminaliza". Por eso, defienden reconocer los derechos de quienes trabajan voluntariamente con su cuerpo y piden dedicar medios para la reinserción de quienes quieran abandonar esa actividad.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que la prioridad del Ejecutivo central es luchar contra la explotación que sufren muchas prostitutas. De la Vega subrayó, además, la importancia de "atender las necesidades de protección social" de estas trabajadoras, informa Efe.