Bancaja hizo la tercera oferta por el fondo de pensiones de los funcionarios
La CAM y La Caixa presentaron opciones más atractivas
Bancaja se adjudicó la gestión del fondo de pensiones de los 120.000 empleados públicos de la Generalitat por decisión unánime de la comisión promotora del plan de pensiones, una entidad formada por representantes de la Administración autonómica y de los sindicatos más representativos de los trabajadores de la función pública. Pero la comisión técnica que estimó las ofertas que optaron a la adjudicación pública puntuó la propuesta de la caja valenciana en tercer lugar, por debajo de la CAM y La Caixa, según fuentes sindicales de los dos sindicatos mayoritarios de CC OO y UGT.
La CAM presentó una oferta "espectacular", en palabras de un sindicalista, que incluía la aportación anual al patrimonio del fondo de pensiones de los empleados públicos de un millón de euros por parte de la caja alicantina. La comisión promotora apenas analizó la oferta de la CAM y se inclinó por las propuestas de las dos entidades más solventes que optaron a la adjudicación, Bancaja y La Caixa.
También optaron a la adjudicación varias empresas especializadas en seguros, pero la comisión prefirió estudiar las ofertas de las entidades financieras.
La propuesta de La Caixa obtuvo la mejor valoración de la comisión técnica, reunida a finales de julio. Pero la comisión promotora prefirió adjudicar la gestión del fondo a Bancaja. "La diferencia era mínima, cuestión de décimas en las comisiones que se cobran por la gestión del fondo", explica un sindicalista, "y se impuso el valencianismo estrecho".
Las condiciones que impuso la comisión promotora para los aspirantes a gestionar el fondo eran muy estrechas. De ningún modo se permitirán alegrías en los criterios de gestión y primará la inversión en renta fija, letras del tesoro o bonos del Estado. Valores seguros y conservadores. La comisión promotora se reserva, además, la posibilidad de revocar en cualquier momento la adjudicación de la gestión del fondo.
El fondo se pactó en octubre de 2005 y, formalmente, la Generalitat ha dotado en torno a 27 millones durante cuatro años consecutivos. Hasta la fecha, 108 millones.
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