El Gobierno adelanta el calendario de la leyes locales a junio de 2010

"El PP no va a condicionar la agenda, aunque sí el resultado del consenso". Con esta premisa, el Gobierno andaluz va a adelantar el calendario previsto de aprobación de las dos leyes básicas para los ayuntamientos (la ley de Régimen Local y de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma), las cuales se habían pospuesto para 2011. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, asegura ahora que estas normas estarán "aprobadas antes de junio de 2010".

El adelanto puede sonar a broma porque el PSOE lleva prometiendo 20 años el llamado pacto local y aunque los fondos de la Junta destinados a los municipios han ido en aumento, no existe un marco jurídico de relaciones que clarifique qué competencias autonómicas deben transferirse a los ayuntamientos y con qué financiación.

El PSOE lleva 20 años prometiendo el llamado pacto local

"El documento del PP indica que no quiere el acuerdo", dice Pizarro -7d91072b970b-data; name="datos[sumario]"

Los socialistas se escudan en que la comunidad autónoma no puede por sí sola resolver una situación que compete también al Estado, pero el mirar para otro lado no resuelve la situación en la que se encuentran la inmensa mayoría de los 771 municipios de la comunidad, en el que el 60% tiene problemas para pagar las nóminas de sus empleados, según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La caída en picado de los ingresos derivados del sector inmobiliario ha sido la puntilla para muchos ayuntamientos que gastaban más de lo que ingresaban, con plantillas municipales infladas y viviendo como en una fiesta interminable a la que le ha llegado el punto final.

Ahora, más que nunca, los ayuntamientos miran a la Junta de Andalucía y confían en que las dos leyes citadas puedan, al menos, sentar las bases de una relación más normalizada, aunque el momento político y económico no es el mejor. Uno de los motivos del PSOE de retrasar la aprobación de las dos normas a 2011 fue el de alcanzar un gran consenso con PP e IU en un grupo de trabajo creado para tal fin en el Parlamento. Pero los documentos de conclusiones de cada grupo apuntan en direcciones distintas que aventuran un difícil acuerdo. "El documento del Partido Popular indica claramente que no tiene voluntad de acuerdo", afirma Pizarro. El texto reclama que la mitad de la deuda histórica vaya a los municipios y recupera la aspiración de que se regule la participación de los entes locales en los ingresos de la comunidad, en lugar de en los tributos, que es como viene recogido en el Estatuto de Autonomía. "Parto del hecho de que el PP no va a apoyar estas leyes, aunque otra cosa es lo que quieren los alcaldes populares que creen que por la vía del diálogo se puede obtener más", dice que el consejero de Gobernación.

Igual de pesimista se muestra el ponente socialista de las leyes, Fernando Martínez, quien asegura que las conclusiones del PP son más que propuesta "una tabla reivindicativa". Las denuncias del PP sobre discriminación de los ayuntamientos populares en las subvenciones autonómicas, que el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, tachó días atrás de "falsas" no hacen más que ahondar en el pesimismo de que la aprobación en el Parlamento no será por unanimidad. El PP de Arenas, además, ha convocado una manifestación de alcaldes en septiembre.

Otra cosa es la decisión que adopte Izquierda Unida. A los socialistas les interesa el apoyo de la federación no sólo porque ven coincidencias y puntos de enganches con sus propuestas, sino porque quieren evitar a toda costa sacar sólo con sus votos leyes que consideran "de Estado". IU reclama una inyección de 4.000 millones de euros para los ayuntamientos, cuando hoy por hoy no se sabe siquiera si las partidas destinadas a los municipios en 2010 se van a congelar.

El Presupuesto de la Junta ahora en vigor recoge 1.315 millones de euros para los fondos de cooperación y 159 millones, para los de nivelación. Los primeros tienen un destino de gasto obligado y lo que quieren los ayuntamientos es invertir esta tendencia y que los que reciben sea incondicionado. "Todavía no hemos hablado de eso en el Gobierno, pero si al final se quiere resolver esto habrá que sacarlo para adelante", afirma Pizarro.

Aunque desligado de las leyes locales, pero relacionada con la entrada de dinero en los municipios, la Junta no se plantea destinar parte de los fondos autonómicos de inversión en obras municipales, dentro del llamado Plan Proteja (300 millones en 2009 a partir de septiembre), a inyectar liquidez a los ayuntamientos, según el consejero de Empleo, Antonio Fernández. Por el contrario, el Gobierno central sí estudia esa posibilidad con los 5.000 millones del nuevo Plan E para 2010, según afirmó el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, a finales de julio. Su idea es que "un número importante de millones de euros" vaya destinado a "gasto corriente para sanear las arcas" municipales.