Proveedores convertidos en financieras

La crisis financiera que atravesamos desde hace casi dos años está dando lugar a una situación insólita: los proveedores se han convertido en la fuente de financiación de las empresas e incluso de las administraciones públicas, que estiran su liquidez mediante el atraso de las facturas pendientes. Aunque existen herramientas legales para evitar esta realidad, el desconocimiento o la falta de concienciación de quienes pueden emprender acciones pone a las compañías en la encrucijada de aceptar cobrar más tarde o perder al cliente. Esta práctica, extendida a todos los sectores de actividad de la economía española, deriva en problemas estructurales y sistémicos que lastran la competitividad y la productividad de nuestras empresas.

La morosidad de los organismos públicos sirve, a su vez, de excusa a la empresa privada Bruselas ha elaborado un proyecto de directiva que endurece las sanciones contra los morosos

Pese a que la situación es inaudita, no es sorprendente, pues se esperaba que algo así pudiese suceder. En España, históricamente, el plazo medio de pago a los proveedores supera los 90 días, el segundo periodo más largo de toda Europa, y en algunos sectores, como el de la construcción, este plazo se prolonga hasta los 210 días. En el momento en que las empresas han visto que la banca dejaba de ofrecer crédito, han ido a buscar la financiación del único sitio del que aún podían tirar: retrasar el pago de sus deudas. Según la Comisión Europea, el retraso en los pagos es una sangría para la economía europea que provoca una de cada cuatro quiebras y destruye cada año unos 450.000 puestos de trabajo.

La morosidad de empresas con empresas está haciendo que muchas compañías solventes, con clientes también solventes, estén yendo a la quiebra por los grandes desequilibrios que les produce en su tesorería no cobrar el dinero que les deben, especialmente en un momento económico como el actual. Las repercusiones del impago son especialmente graves para las pymes, a las que el atraso de sólo tres o cuatro facturas de clientes importantes puede trastocar por completo sus planes contables. Si tenemos en cuenta que gran parte del entramado empresarial español está compuesto por pymes, resulta evidente el daño que la morosidad empresarial causa a la economía en su conjunto.

La regulación existente también da derecho a las empresas proveedoras a reclamar cuantiosos intereses por demora e indemnizaciones si una factura no se liquida en fecha. Sin embargo, son pocas las que se deciden a aplicar este tipo de sanciones.

La Ley 3/2004, creada para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales y proteger al suministrador, queda, por tanto, sin aplicación y deja al pequeño empresario indefenso ante la falta de pago. Además, quienes deberían velar por que se cumplan estos plazos, que según la propia ley son las cámaras de comercio, los colegios profesionales y las asociaciones que tengan encomendada la defensa de sus miembros, no lo hacen, bien por falta de concienciación, bien por simple desconocimiento.

Y aquí entra en juego un factor más: el incumplimiento sistemático de la ley que hace a nivel local, autonómico y nacional la Administración pública, que es precisamente quien más debería velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. La morosidad de los organismos públicos sirve, a su vez, como excusa a la empresa privada: muchas compañías que trabajan para la Administración y que, al mismo tiempo, subcontratan algunos servicios, justifican su falta de pago en que también ellos son acreedores involuntarios de la Administración. Y así se teje una red de deudas de equilibrio poco estable sobre la que pende el tejido empresarial español.

- Reducción gradual a todos los niveles. La Comisión Europea, el pasado mes de abril, elaboró un proyecto de directiva para endurecer las sanciones contra la morosidad, en la que las administraciones y organismos públicos que no abonen una factura en 30 días tendrán que hacer frente a una multa del 5% del importe, con independencia de la posible reclamación de intereses de demora y reembolso de los costes de cobro. En España, el grupo parlamentario de CiU llevó recientemente al Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley 3/2004 y reforzar la lucha contra la morosidad en las empresas privadas y organismos públicos.

Las propuestas que contiene esta iniciativa están en línea con lo que desde AERCE pedimos desde hace tiempo, como asociación que representa a los compradores en las empresas que son quienes gestionan las relaciones con los proveedores: establecer un periodo en el que se fuese reduciendo el plazo gradualmente para llegar a cumplir la ley. Este proceso debería estar generalizado a todo el mercado para que realmente sea efectivo en toda la cadena de aprovisionamiento, empezando por los poderes públicos, sin los cuales no se logrará romper el círculo vicioso. Sólo el compromiso de todas las partes afectadas conseguirá alejar a las empresas del abismo en el que las han situado unos abusivos plazos de pago, lo que es ineludible si queremos parar la creciente merma de competitividad a la que se enfrenta la economía española.

Juan José Jiménez es presidente de la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE).