Pescanova cree que el fallo le permite optar a 38 millones de indemnización

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) echa abajo la política acuícola de los dos últimos Gobiernos de la Xunta. Emitido en enero de este año, el fallo judicial estima el recurso presentado por la empresa Insuíña, SL (perteneciente a Pescanova) contra el Plan Acuícola del bipartito y anula el acuerdo del Consello da Xunta del 22 de junio de 2006. Pero, al mismo tiempo, consigna la ausencia de declaración de impacto ambiental del elaborado en funciones por la Consellería de Pesca del Ejecutivo de Fraga. Dicho incumplimiento acarrearía, según el escrito de la sala segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, "la nulidad de pleno derecho" de la normativa aprobada por el departamento de Enrique López Veiga (PP). La propia Pescanova perdería, así, la base de su recurso, los derechos adquiridos en la ordenación acuícola de 2005.

La falta de declaración de impacto ambiental anularía el plan del Gobierno de Fraga

Un defecto de forma tumba la política acuícola de la Xunta del bipartito

Para admitir la impugnación de Insuíña, SL a la legislación del bipartito, el Tribunal Superior se basa en un defecto procedimental de la consellería entonces dirigida por Carmen Gallego (PSdeG). Según asegura la sentencia, la Xunta de Touriño modificó el plan del anterior Gobierno a través de un mecanismo "diferente al previsto" y mediante el que la demostración de la falta de declaración de impacto ambiental -que habría supuesto la anulación del plan de López Veiga- no resultó válida. Sin embargo, a decir de la portavoz de pesca de los socialistas, Marisol Soneira, "existen informes de la asesoría jurídica de la Xunta que cuestionan esta interpretación del TSXG que consideran ajustada a derecho la tramitación del Plan Galego de Acuicultura".

La diputada del PSdeG, que hace hincapié en la "ilegalidad del plan acuícola de López Veiga y Fraga", señala además que "no cabe indemnización alguna a la empresa por la suspensión del mismo". Pescanova reclama una compensación económica de 38 millones de euros, ya que la reforma integral del bipartito sobre el texto de la época Fraga tumbó la piscifactoría proyectada por la compañía en Touriñán (Camariñas), espacio protegido por la Red Natura. Los fundamentos jurídicos del fallo del Superior insisten en que "el Plan Sectorial de 2005 no tuvo en cuenta una serie de disposiciones legales" y entre ellas cita la "Lei 9/2001 sobre espacios naturales protegidos". Fuentes cercanas a Pescanova indican, por el contrario, que el Superior abre la puerta a "reclamar indemnización por los errores en el proceso de modificación" del plan de López Veiga.

"Ahora la conselleira do Mar [Rosa Quintana] deberá decidir si recurre la sentencia o no", explica Soneira, para quién la Xunta de Feijóo se encuentra en un brete: "Si recurre, apoya el plan del bipartito [vigente], y si no lo hace, tendrá que explicar por qué lo sigue aplicando, en la ampliación de Oia, por ejemplo". "Parece que la consellería se mueve por los intereses de una única empresa", añadió, "no por los del conjunto del sector".

Desde el BNG, el parlamentario Bieito Lobeira afirmó que "la sentencia introduce sensatez en la legislación vigente" y celebró "la oportunidad para partir de cero y hacer las cosas bien".