Economía dice que el canon eólico "no es recaudatorio"

La Xunta se defendió ayer de los ataques de la patronal eólica gallega, que acusó al Gobierno de "hipotecar el futuro del sector", al dejar sin efecto el polémico concurso del viento impulsado por el bipartito. Fue el mismo día en que el Diario Oficial de Galicia publicaba la suspensión del decreto eólico por los "manifiestos vicios de ilegalidad observados por la Asesoría Xurídica Xeral", en un informe emitido el 30 de julio.

El departamento de Economía, que dirige Javier Guerra, no ha dado a conocer ese informe pese a que sostiene la decisión de más calado de cuantas ha tomado el PP desde que llegó al Gobierno. Según el DOG, el documento pone de manifiesto que el decreto "adolece de vicios que afectan esencialmente al procedimiento y a las mejoras voluntarias (...), especialmente la relativa a la participación pública".

Sobre el canon que ahora se tramita y por el que los actuales productores instalados tendrán que pagar más de 20 millones de euros anuales, la Consellería de Economía puntualizó que "es de carácter medioambiental, y no recaudatorio". A través del Fondo de Compensación Ambiental repercutirá en "más de la mitad", de los ayuntamientos afectados por la presencia de parques.

Esperas

"Esta situación hace imprescindible dotar de un nuevo marco legal al sector para que tenga las máximas garantías jurídicas y evitar una carrera alocada de reparto de megavatios", aseguró Economía. La Xunta hacía referencia a la carrera que el BNG no fue capaz de completar en los cuatro años de gobierno en coalición, y que dejará por el momento aparcados los 25 proyectos admitidos a trámite en la primera fase del concurso. Para defenderse contra los ataques del sector, Economía recordó que acaba de autorizar, en apenas tres meses de trabajo, 166 megavatios de potencia eólica, "poco menos de la mitad autorizada con el anterior Gobierno en cuatro años".

Una vez más, la Xunta se ha comprometido a cumplir sus plazos para que la ley sea aprobada antes del 31 de diciembre con el objetivo de que las primeras autorizaciones administrativas se den el año que viene.

El nuevo procedimiento de adjudicación será totalmente distinto del planteado por el bipartito. Las convocatorias se harán por grupos, y no todas de una vez, como con el anterior decreto.