Un parque empresarial que se atascó en la Xunta y el juzgado

Sin que sus vecinos llegaran siquiera a pedirle opinión, el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, ya les recomendó por carta y con membrete del Ayuntamiento que 6,05 euros, el metro cuadrado, era buen precio para las fincas que ocuparía el polígono industrial. Los dueños de casi la mitad de los terrenos sucumbieron a la recomendación y firmaron la oferta de Fadesa. Los propietarios de 600.000 metros cuadrados siguieron litigando hasta conseguir que el Jurado de Expropiaciones de la Xunta triplicase el valor de las tierras, tasadas en 17,65 euros cada metro cuadrado. Ahora aguardan a que el juzgado resuelva si su reclamación ante el Ayuntamiento contra las expropiación está dentro de plazo o fue extemporánea, tal y como lo decretó el propio Taboada.

No es la única cuestión relativa al polígono que dirimen los tribunales. Cuando las excavadoras de Fadesa ya habían tumbado sin licencia 66.000 árboles y dejado al raso una superficie de un millón de metros cuadrados, el alcalde del PP negó que se tratase de una tala masiva. Sentado ante la juez, redujo esa ingente tarea de las máquinas a "pequeñas labores de desbroce para evitar incendios, dada la proximidad del aeropuerto".

Por esta causa, la juez de Arzúa ha visto en la actuación del alcalde "indiciós de prevaricación y delito de urbanístico". El mismo juzgado también estudia una frenética mañana en el Ayuntamiento de O Pino en la que el regidor logró cinco informes favorables al parque industrial -tres de ellos de gabinetes externos- para contestar a las alegaciones el mismo día en que concluía el plazo y sólo minutos antes de que Patrimonio entregase en la alcaldía una orden que debió paralizar la tramitación del proyecto.