Juristas Demócratas critican el archivo del 'caso Camps'

La Asociación Valenciana de Juristas Demócratas calificó ayer de "precipitada" la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de archivar la causa abierta a Francisco Camps y otros tres altos cargos del Gobierno valenciano por un presunto delito de cohecho. La asociación considera que el archivo de la causa no ha aclarado los comportamientos de los imputados.

Según la asociación de profesionales del ámbito jurídico, que advierte que la última palabra sobre el caso que vincula a Camps con la trama corrupta liderada por Francisco Correa la tendrá el Supremo, la decisión presenta dudas jurídicas. En primer término, por la insólita interpretación del artículo 426. A su juicio, el precepto es claro: "La autoridad o funcionario público admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente". Por ello, rechaza la necesaria "causalidad" que como elemento exculpatorio ha usado la sala. Más aún, la asociación defiende que la conexidad exigible es la de "la adecuación a los principios de un código ético". A favor de sus dudas entiende el colectivo que están tanto el auto del instructor José Flors, que relató numerosos indicios racionales suficientes como para defender la continuidad de la investigación, como el voto particular al archivo, firmado por el juez Juan Montero Aroca.

Según Juristas Demócratas, el auto del TSJ no explica por qué unos hechos que son indicios sólidos para el instructor dejan de tener trascendencia alguna. "Si hubo donativos o regalos, si tuvieron el valor económico sostenido por el instructor y si los destinatarios ejercían funciones y/o cargos públicos", prosigue la asociación de juristas, "¿cómo descartar racionalmente, en este momento procesal, que pudiera realizarse el donativo en atención a la función, al cargo y a las posibilidades presentes o futuras de que con dichos donativos pudiera facilitarse la obtención de trato preferente por parte de las administraciones a las que directa o indirectamente están vinculados los receptores?".

La Asociación de Juristas Demócratas expresa su respeto a la decisión pero también su impresión de que "no realiza un ejercicio exhaustivo de control de la licitud de conductas que aparecen como racionalmente sospechosas de delito".