El Ayuntamiento de Málaga olvida la finca que mandó evacuar

"Aquí no ha venido nadie", exclamó ayer satisfecha Rocio Sánchez. Anteayer tampoco, ni la semana pasada. El Ayuntamiento de Málaga decretó el jueves 9 de julio el "desalojo inminente" de las casas de Rocio y José, su vecino de abajo. El suelo de la primera -techo del segundo- se despelleja, se cae a trozos. Tenían que salir de allí de inmediato. Les daban hasta el lunes siguiente. 20 días después ni la Policía, ni nadie en nombre del Consistorio se ha acercado a comprobar que la orden de desalojo se haya cumplido.

M desalojo se haya cumplido.

Manuel Huertas, abogado del grupo municipal socialista, advierte de que es una "negligencia" el que no se haya comprobado si se ha cumplido el desalojo. "El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, debe cerciorarse de que las familias se han marchado", sostiene Huertas.

La propietaria pidió el expediente de ruina a espaldas de los vecinos

Rocio vivía con sus hijos y su marido en el número 11 de la calle Hinestrosa en Málaga, en pleno centro histórico. Ahora está allí sola. Cuando el 9 de julio les dijeron que tenían que irse, su marido y sus tres hijos se mudaron a casa de la cuñada, pero ella se quedó en Hinestrosa, negándose a abandonar su hogar.

La raíz del problema es que la propietaria de la finca, Araceli Toledo Navarro, no sólo no se ha ocupado del mantenimiento desde hace varios años, lo que hace que las casas estén en pésimo estado, sino que además presentó un expediente de ruina del edificio en enero pasado a espaldas de los vecinos. Estos, que pagan un alquiler de renta antigua, no se podrían permitir gastar mucho más en sus casas. Rocio, con tres hijos y 500 euros de sueldo, lo tendría complicado. Por eso sigue en la casa de la calle Hinestrosa, porque ve cómo la pierde sin poder hacer nada, con una propina que le ha dado el Ayuntamiento de 1.200 euros y el consejo de que se apunte a las listas del Instituto Municipal de la Vivienda para conseguir otro piso.

Rocio, ahora, va a trabajar por las mañanas y por las tardes vuelve a su casa, "a ver qué pasa". José se ha marchado a Cáceres.

El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, presentó el pasado mes de febrero un informe a la Concejalía de Urbanismo donde denunciaba el estado del inmueble y la dejadez de la propietaria y del administrador en su mantenimiento. Urbanismo contestó en marzo que ya había ordenado a la propietaria que se hiciese cargo de la reforma de la finca. No lo hizo. Ahora hay dos familias que no tienen casa porque la propietaria decidió que ya no le compensaba mantener sano el edificio. "Lo curioso", dijo Gutiérrez, "es que, en otros casos, sí se obligó al propietario a reformar las viviendas; ¡y se le abrió un expediente sancionador. La calle Mariscal es el ejemplo, ¿por qué aquí no?"