"Dimitiré 15 días en agosto"

A la primera pregunta sobre si pensaba dejar el cargo, esquivó la respuesta. A la segunda, entró al trapo: "He conjugado el verbo en los tres tiempos: hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos. Pienso dimitir 15 días ahora, en agosto; luego seguiré esta labor compleja y delicada". Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, compareció ayer ante los medios para presentar las nuevas tecnologías en el ámbito docente, pero la atención estaba centrada en cómo ha encajado la consejería el varapalo que supone la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la obligatoriedad de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés y su reacción ante el clamor del sector educativo que pide su destitución.

El consejero intenta reducir el varapalo a "incongruencias semánticas"

Está en preparación un acto unitario para el próximo día 8 de septiembre

De la dimisión, sobre la que ayer volvió a incidir la Plataforma per l'Ensenyament Públic, ni hablar. De las consecuencias de la sentencia, Font de Mora admitió que Comisiones Obreras y el Gobierno, entidades que presentaron el recurso, "han ganado este asalto". Y reconoció que la sentencia "anula la obligatoriedad de la impartición en inglés".

A partir de ahí, indicó que se abren dos caminos que su departamento emprenderá de forma paralela. Por una parte, el recurso al Tribunal Supremo, lo que implicará que "la cosa se prolongue en el tiempo". "Nuestro propósito es que los alumnos tengan más clases en inglés", alegó.

Por otra, el consejero indicó que se revisará la normativa para salvar los reproches que el TSJ lanza a Educación, como la "motivación confusa, contradictoria o incongruente" del artículo que establece la obligatoriedad del inglés o el conflicto entre el modelo de educación plurilingüe de la propia consejería (que da la opción a los centros de asumir el inglés voluntariamente) y la orden de Ciudadanía, que impone este idioma.

Font de Mora rebajó la contundencia de estas reprimendas y limitó los problemas a "incongruencias semánticas" del planteamiento de la consejería, que tratará de corregir "para hacer posible desde el punto de vista técnico que se puedan estudiar asignaturas en idiomas diferentes". No es casual que el inglés se aplicara a Ciudadanía: era una forma de boicotear una materia que, en palabras de Font de Mora induce a los niños "a votar socialista".

La versión oficial, en la que volvió a insistir el responsable de Educación, es que los efectos prácticos de la sentencia serán limitados porque desde diciembre existe una moratoria sobre la obligatoriedad del inglés. Sin embargo, pese a este discurso, Educación ha movido ficha. De momento, ha aplazado la adjudicación de plazas para profesores itinerantes de la asignatura prevista para el viernes.Ya hay fecha para una nueva convocatoria de movilizaciones de la comunidad educativa si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se enroca y no reconduce su política. "Si el presidente Camps no cambia la crispación por la negociación y acuerdos con la comunidad educativa, volverán las movilizaciones a comienzo de curso. Se está preparando un manifiesto de adhesión para los centros escolares y un acto unitario para el 8 de septiembre".

La Plataforma Per l'Ensenyament Públic emitió ayer un comunicado en el que además de "celebrar" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que echa por tierra la Citizenship de Camps, insta al responsable de Consell a destituir al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, antes del mes de septiembre, ya que al presidente de la Generalitat "no le queda otra salida que remodelar el equipo directivo de la consejería y modificar una política educativa marcada por la gestión antidemocrática, la crispación y la falta de recursos".

La Plataforma, que agrupa a sindicatos, asociaciones de padres, de alumnos, de directores y la Federació Escola Valenciana, lideró la oposición a la orden de Ciudadanía y consiguió sacar a la calle y trasladar a las aulas la oposición de todo el sector a la imposición del inglés. Primero, a finales de noviembre de 2008, con una gran manifestación que convocó a unas 44.00 personas por las calles de Valencia. Luego, en abril, con una masiva huelga de clases vacías.

La sentencia "es un éxito más de la comunidad educativa", señala la Plataforma, "ahora sabemos que la línea comenzada por la consejería tampoco es viable jurídicamente y por ello no vamos a parar".

CC OO, sindicato que impulsó el recurso aprobado por el TSJ, insistió ayer en exigir a Alejandro Font de Mora "una reunión urgente" para pactar entre las dos partes la mejor forma de ejecutar la sentencia sobre Educación para la Ciudadanía.

Por su parte, el STEPV denunció que la consejería se ha negado a repartir las plazas vacantes de Ciudadanía entre las especialidades de Filosofía y Geografía e Historia en los actos de adjudicación que comienzan hoy, lo que "no tiene sentido" después de la sentencia.