El juez ratifica casi todas las imputaciones del 'caso Malaya'

Dos años y seis días después de que el juez Miguel Ángel Torres dictara auto de procesamiento por el caso Malaya, su sucesor en la instrucción de la causa por corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Óscar López, ha resuelto los recursos presentados por los imputados y se ha ratificado en el grueso de las acusaciones.

El 18 de julio de 2007 el juez dictó auto de procesamiento contra 86 imputados, de los que 66 pusieron recurso. El juez sólo ha admitido dos de ellos, que quedan así fuera del procedimiento, y ha rebajado la responsabilidad civil de la ex edil del PA María José Lanzat, según un auto dictado el pasado día 24.

Se trata del guardia civil Francisco Javier Serrano y del policía nacional Juan José López Márquez, a los que se había imputado un presunto delito de revelación de información obtenida por sus funciones. El juez entendía que ambos comprobaron a quien pertenecían matrículas de vehículos que les consultaba Jaime Hachuel, el responsable de seguridad de la trama corrupta, a quien el presunto cerebro, Juan Antonio Roca, encomendó que tomara todo tipo de medidas para que la red no fuera descubierta.

El juez ha entendido ahora que en la causa no existe "indicio alguno de conexión de los recurrentes con la organización criminal (por ejemplo una dádiva)" y que "la sola petición de información" no es suficiente para considerar un tipo penal porque además no facilitaron información sobre coches de fuerzas de seguridad. Este tipo de consultas, según el juez, es frecuente entre cuerpos de seguridad del Estado y privada y Hachuel era jefe de seguridad de El Corte Inglés y el Hotel Las Dunas.

Indicios claros

El juez mantiene las imputaciones intactas contra la mayoría de los imputados, encabezados por Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, además de miembros de la corporación municipal, empresarios y promotores, y testaferros y colaboradores en la red societaria tejida por el presunto cerebro de la trama. Respecto a Roca y los ex concejales, el instructor precisa que en el sumario hay "claros indicios" y testimonios de que percibieron cantidades de dinero.

El juez rechaza las peticiones de nulidad de las actuaciones por defectos de procedimiento y concluye que la obtención de pruebas se ha producido en "condiciones constitucionales inobjetables".