A Aguirre le entran las prisas
La presidenta de Madrid revuelve Caja Madrid para acelerar el relevo de Blesa
Ha sido una semana muy movida en el sector financiero, con especial incidencia en el de las cajas por las integraciones. Las andaluzas y las catalanas han empezado el baile. Casi en paralelo, la asamblea de Caja Madrid aprobó el lunes los nuevos estatutos propulsados desde la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre y su lugarteniente en Economía, Antonio Beteta.
Y resulta que a Aguirre y a Beteta les ha entrado una prisa enorme para que la entidad se adapte a esos nuevos estatutos. Los nuevos estatutos aprobados el lunes salieron de la caja el miércoles hasta la Consejería de Economía que ocupa Beteta y el jueves volvían a la entidad consagrados. La celeridad contrasta con la lentitud de trámites que no interesaban al Gobierno regional, como los anteriores cambios de estatutos.
La clave de bóveda de tanto ajetreo es el relevo de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. Aguirre quiere acelerar la renovación del consejo prevista para el próximo otoño porque teme que el proceso de integraciones abierto en el sector de las cajas determine o frene la sustitución. El Banco de España no vería bien que se produjera un cambio si Caja Madrid entra en escena, como es previsible. Además del interés del propio Blesa, a la caja le interesa ganar musculatura. Por otra parte, es una de las entidades a las que el Banco de España considera como "sistémicas", es decir, a las que puede recurrir en caso de necesidad para participar. Y cambiar al presidente supondría un periodo de impasse que no gusta a las autoridades.
En ese mar de nervios hay que enmarcar la reunión que Beteta mantuvo en su gabinete el mismo miércoles con representantes de las corrientes que firmaron el Pacto de Estabilidad de la caja. En ese encuentro estuvieron José María Martínez, secretario de CC OO-Comfia; Pedro Bedia, consejero en la caja por este sindicato, además de otros miembros; José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida, y Guillermo Marcos, consejero por parte de los impositores. En la reunión se dio una vuelta al desarrollo electoral con el objeto de agilizarlo lo máximo posible. El lunes volverán a reunirse para profundizar en análisis jurídicos ante posibles procesos de adquisición.
Menos éxito tuvo el encuentro con representantes de las otras corrientes (CC OO Madrid, UGT y PSOE). La presidenta tiene prevista una reunión esta semana con el secretario socialista madrileño, Tomás Gómez, y los sindicatos. De estos intentos han quedado exentos los representantes del PP que arropan al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
La renovación afecta a 13 consejeros (cuatro de la comunidad, cuatro de entidades representativas y cinco de ayuntamientos), lo que elevará de 21 a 22 el número total de miembros del consejo (volverá a 21 en el próximo proceso electoral en el que tocará renovar a impositores, que pasarán de siete a seis, y trabajadores, que tienen dos). Según los nuevos estatutos, para elegir al presidente de entre los consejeros se necesita la mayoría simple (12). Si todo sigue su periplo normal, lo lógico es que se produzca a finales de octubre o principios de noviembre. A no ser que Aguirre consiga sus propósitos; pero tiene complicado que la Comisión Electoral, que preside un gallardonista, y que todos los ayuntamientos y entidades implicados se lo faciliten.
Blesa debe ser reelegido como consejero para optar a su tercer mandato como presidente. Las dos veces anteriores formaba parte de la lista de la comunidad, con la que ahora ha roto las relaciones. Tendría, por tanto, que integrar una de las otras listas.
Sin embargo, todo depende de Mariano Rajoy, que decidió que sería él quien elegiría el futuro presidente de la caja. Su labor no es fácil, ya que debe buscar una solución que contente a Aguirre y a Ruiz-Gallardón, de posturas antagónicas. Puede optar por Blesa; aunque le han puesto otros nombres en la mesa que siempre suenan como los de Manuel Pizarro y Luis de Guindos, o el de José Folgado.
El poder de convocatoria de la ministra Corredor
Beatriz Corredor, seguramente ajena a todos los cuchicheos sobre fusiones y compras entre las entidades financieras, estaba el miércoles exultante. La ministra de Vivienda reunió en la sede ministerial nada menos que a 123 entidades (15 de ellas calificadas como colaboradoras) para firmar el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con una aportación de 10.000 millones y que movilizará 34.000. Por allí pasaron casi todos los presidentes de las cajas de ahorros y algunos primeros ejecutivos de los bancos. Un alto en el camino de tanto traqueteo para gloria de la ministra.
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