El aparcamiento de la discordia

En la Ciudad de la Justicia de Málaga hay dos aparcamientos. Uno en el sótano del propio edificio y otro fuera, a escasos metros de la entrada, al sol. El primero tiene 166 plazas y a las ocho y media de la mañana está siempre lleno. El segundo nunca se llena de lo grande que es. Todo el mundo quiere aparcar dentro. Todo el mundo son 1.200 funcionarios entre, jueces, forenses, fiscales, secretarios, gestores, auxiliares... De momento, el que primero llega se la queda, es la norma que impera, palabra de la Junta. Pero los jueces, que alegan oficialmente motivos de seguridad, quieren ser los únicos usuarios del aparcamiento subterráneo.

El ocho de julio, el Juez Decano de Málaga y el presidente de la Audiencia Provincial firmaron, pese a no tener competencia, un acuerdo en el que se asignaban el uso exclusivo del aparcamiento interno. Pero el edificio pertenece a la Junta y es la Consejería de Justicia, más concretamente la nueva consejera, Begoña Álvarez, quien decide. Su opinión, expresada no hace aún diez días por un portavoz, es que "no habrá privilegios para jueces o fiscales".

"Si nos cambiamos a la Ciudad de la Justicia fue para mejorar" dice Sáez

Los jueces quieren el aparcamiento subterráneo para uso exclusivo

José María Páez, que se puso al frente del Juzgado Decano de Málaga a principios de semana, argumenta que "si nos cambiamos [del Palacio de Miramar, antigua sede] fue para mejorar, y ahora nos encontramos con que el aparcamiento no es de seguridad". La Guardia Civil vigila el aparcamiento subterráneo. Controla la barrera, está al tanto de lo que recogen las cámaras, inspecciona cada coche... En el de fuera hay un vigilante privado. "Los jueces alegan seguridad pero muchos no dejan que la Guardia Civil revise sus coches" exclama Adriano Moreno, responsable de SPJ-USO, sindicato mayoritario. "Dicen que ya lo han revisado ellos o se niegan a abrir el maletero. Además, ¿no es peor que dentro aparquen sólo ellos? Si alguien tiene que hacer algo en su contra sabrá que allí están todos".

Pero la seguridad no es el motivo, al menos no el único ni el más importante. "La democracia no excluye las categorías técnicas. En una obra, primero está el arquitecto y luego el peón o el albañil", argumenta Antonio Alcala, presidente en funciones de la Audiencia. "Cuando empecé en Pozoblanco -recuerda Alcalá- la gente se quitaba el cigarrillo de la boca al cruzarse conmigo. Un juez es una figura de autoridad, así que es lógico que se le dé preferencia". Alcalá aparca fuera, "por no discutir", y habla de vocación, la seguridad de los jueces queda sepultada por los kilos de papel que dice tener que transportar del despacho al coche. El magistrado no tiene reparos en admitir lo que otros jueces piensan: que lo del aparcamiento es una cuestión de categoría profesional". Aunque también los hay que hablan de "orgullo profesional".

Hay quien, sin embargo, discrepa. Isabel Tobeño, magistrada del juzgado de Instrucción número seis, cree que "tal y como se enfocó el tema del aparcamiento, parece un privilegio de los jueces y no una cuestión de seguridad". Tobeño asegura que si es por seguridad, "deberían tomarse muchas otras medidas en el edificio". La juez es la única que ha votado en contra del uso exclusivo del aparcamiento por parte de los jueces en las juntas celebradas. "Hace algún tiempo -recuerda Tobeño- Caballero-Bonald, el anterior Decano, nos remitió un modelo de circular para que, a título personal, se la enviásemos al Subdelegado del Gobierno. En el escrito, que sólo debíamos rellenar con el nombre y poco más, se ponía en evidencia la seguridad del edificio. Sólo 25 jueces lo enviaron... Cuando hay que implicarse personalmente -afirma Tobeño- la cosa se desdibuja".

Mientras esto se discute, en el despacho dé Fermín Villarrubia, Secretario judicial, la carga de trabajo rebasa ya la tasa anual ideal. "Al año deberíamos tener 800 casos, y ya vamos por 1.500 " suspira Villarrubia.