El Consell persiste en legalizar la caza con 'parany' que la UE condena

El Consell no se rinde con el parany. Ayer dio un paso más en su intento de dar por bueno un método de caza condenado desde la Unión Europea y aprobó en el pleno la toma en consideración de esta modificación legal. Las directivas europeas prohíben este sistema de captura porque es masivo. Varios tribunales, entre ellos el Supremo, han condenado esta práctica, que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, defendió ayer amparándose en que es "una modalidad de caza tradicional, reconocida ya en 1237".

Rambla insistió en que el cambio legal pretende compatibilizar esta técnica, ahora prohibida, con la ley básica de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En el parany, árbol preparado con varillas impregnadas de material viscoso, quedan atrapados todo tipo de pájaros, incluidas las especies protegidas, de ahí su declaración como arte de caza ilegal.

El vicepresidente atribuye el aumento del paro a que hay más actividad

La reforma legal, según explicó Rambla, introducirá mejoras para, por ejemplo, introducir el uso de sustancias que permitan la liberación de las aves que resulten atrapadas accidentalmente y se establecerá una cuota máxima de capturas, "ajustada al derecho europeo de pequeñas cantidades" y la exigencia a los paranyers de conocimientos y capacitación.

Las asociaciones ecologistas, conscientes del apoyo político del que goza este método -instituciones como la Diputación de Castellón y ayuntamientos piden que se legalice- describen el método como cruel y han denunciado ante la fiscalía más de un centenar de paranys ilegales en perfecto uso. Hasta el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, disponía de un parany el pasado febrero en una finca en Llíria, de la que es copropietario junto con su esposa.Como cada ejercicio, el Gobierno valenciano autorizó la concesión de avales a varias de sus empresas públicas -Ciegsa, encargada de la construcción de colegios; Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), y el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos- por un total de 300 millones de euros. Ciegsa recibirá 120 millones de euros para garantizar operaciones de crédito a concertar con el Banco Europeo de Inversiones, FGV absorberá otros 90 millones para necesidades financieras y el ente portuario, el resto.

El pleno tramitó, además, dos anteproyectos de ley: el de sucesiones y el de régimen local. Con la primera, el Consell trata de recuperar el derecho foral valenciano y su aprobación permitirá ampliar las causas que permiten desheredar en el actual Código Civil o eliminar lo que se conoce como legítima (el tercio del total del patrimonio que se debe destinar obligatoriamente a los hijos). Además, distingue entre patrimonio empresarial y no empresarial para evitar el desmembramiento de sociedades o negocios cuando el patrimonio pase de padres a hijos. Entre otros figuras regulará el testamento de palabra ante tres testigos, y el testamento mancomunado, por el que dos o tres personas pueden testar en un mismo documento.

El anteproyecto de Régimen Local, tramitado ayer, regulará las relaciones entre la Generalitat y los ayuntamientos e introducirá un Fondo de Cooperación Local, que la comunidad autónoma dotará económicamente en los presupuestos de la Generalitat. Esta ley, que sale adelante con cierto retraso, es uno de los compromisos adquiridos con la reforma del Estatut d'Autonomia.

En cuanto al aumento del paro -según la EPA, la Comunidad Valenciana es la tercera donde más creció el desempleo en el segundo semestre del año-, Rambla prefirió hablar de los datos en toda España. "Llevamos más de un año en el que se destruye empleo y no se crea nuevo. La reactivación económica no es una realidad en España", apostilló. El aumento del paro valenciano lo atribuyó al crecimiento del número de activos y a que el Plan Confianza de la Generalitat todavía no ha empezado a dar el resultado esperado.

La propuesta que planteó el día anterior el vicepresidente Gerardo Camps en la Diputación Permanente de las Cortes no se debatió en el pleno. Camps abrió la posibilidad de reformar el Estatut d'Autonomia para copiar la cláusula estatutaria que blinda las inversiones del Estado en Cataluña si el Tribunal Constitucional la da por válida.

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente reconoció que el Consell hará "lo que sea necesario" para conseguir más financiación para los valencianos. Y no encontró contradicción alguna en defender esta cláusula a pesar de que ha sido recurrida ante el Constitucional por el PP nacional. "Una comunidad autónoma no puede fijar de manera unilateral sus propias inversiones [procedentes del Estado], pero en el caso de que el tribunal la dé por buena veremos cómo podernos acoger", añadió.