Diálogo discreto para un trasvase

El trasvase del río Júcar a las comarcas del Vinalopó, que transferirá un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales, está ejecutado al 81%. Con la puesta en marcha de la tubería de Cullera a Villena a mediados de 2010, previsiblemente, se acerca la hora de concretar la distribución de los recursos, lo que ha vuelto a tensar la cuerda entre el Gobierno y la Generalitat. La fuerte polémica por la decisión del Ejecutivo socialista de cambiar en 2005 el trazado del trasvase iniciado por el PP se había calmado en los últimos tiempos, pero ha rebrotado a cuenta de un informe entregado en junio a los eurofuncionarios que velan para que la obra cumpla las condiciones de Bruselas para su cofinanciación (120 millones de euros de 354 totales).

El Consell recela del informe y dice que el Gobierno olvida a los usuarios

El agua de la transferencia permitirá cerrar 86 pozos agotados

Moragues niega que se pretenda reducir el máximo anual de 80 hectómetros

García Antón cree que el pago del agua "será inviable" para los regantes

El informe ha despertado el recelo de la Generalitat, que acusa al Gobierno de actuar "de manera unilateral" y sin "tener en cuenta las necesidades reales de los usuarios" del trasvase, los regantes y poblaciones reunidos en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y La Marina Baixa. Su presidente, Andrés Martínez, también ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de "ningunear" a los usuarios y ha pedido una entrevista con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, prevista a final de mes.

Sin embargo, al margen del ruido político, las partes trabajan conjuntamente en el proyecto. Desde septiembre del año pasado, Gobierno y usuarios mantienen un diálogo discreto para dirimir discrepancias y coincidencias sobre el trasvase. Fue la propia Junta Central la que pidió en una carta en verano de 2008 crear una comisión mixta "para desbloquear" la situación a la que había llevado el conflicto por el cambio de trazado de la obra, según confirman fuentes de la CHJ. Desde entonces, como consta en el informe a la Comisión Europea, se han celebrado cuatro reuniones (la última en marzo) en las que las partes han tratado la situación de las obras que ejecuta la empresa estatal Aguas del Júcar, los recursos disponibles y su calidad. También está previsto que se hable de las tarifas de la transferencia, entre otros temas. En la comisión no está de momento el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, quien ha protagonizado los choques más duros con el Ejecutivo.

En este contexto de contactos periódicos alejados de los focos ha saltado la polémica en torno al informe sobre la obra preparado para la Comisión Europea. El documento de la CHJ avanza una "solución integral" de reordenación de los recursos del Vinalopó que propone el cierre de 86 pozos con un consumo de 51,6 hectómetros cúbicos y su sustitución por agua del trasvase para recuperar acuíferos sobreexplotados. Los regantes buscan ahora agua a centenares de metros de profundidad. Entre otras medidas, el informe prevé también aliviar la presión sobre las aguas subterráneas con la desaladora de Mutxamel, que abastecerá a esa localidad, a Alicante, El Campello, Sant Joan y Sant Vicent del Raspeig. Esta opción permitiría en el futuro cerrar 27 pozos más.

El documento no ha gustado nada al consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, y también ha inquietado a parte de los regantes. El consejero se opone a que se desconecten los abastecimientos de la costa del trasvase y se cubran con desalación, un planteamiento que no es nuevo porque el Gobierno ya lo hizo público cuando cambió el proyecto por considerar que así se garantizaría agua para el Vinalopó sin dañar al Júcar. El consejero cree que sin la aportación de las poblaciones el pago del agua "será inviable" para los regantes. El Ejecutivo, por el contrario, sostiene que las tarifas serán asumibles.

García Antón también ha interpretado que la CHJ pretende restringir el trasvase a la cincuentena de hectómetros que servirán para cerrar pozos y acusa al organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, de actuar de forma "sectaria" y de "no hablar claramente sobre la cantidad, la calidad y el precio" del agua a trasvasar.

El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, ha negado que se pretenda reducir el máximo de 80 hectómetros anuales. "Tampoco lo afirma el informe entregado a Bruselas y no lo han entendido así los usuarios", abunda Moragues. Es más, el documento contempla la opción de enviar agua del Júcar para cubrir crecimientos futuros de la demanda urbana del Vinalopó y garantizar la de La Marina Baixa en casos de emergencia. El informe destaca, además, la necesidad de "proseguir con los trabajos de detalle" del esquema de sustitución de aguas subterráneas por las del trasvase.

Esos trabajos se abordarán con los usuarios en la comisión mixta, donde se han valorado los pliegos de condiciones de dos asistencias técnicas adjudicadas en junio sobre aspectos esenciales del proyecto que son, al mismo tiempo, fuente de preocupación de los regantes: la calidad del agua transferida y el plan de explotación de los recursos en juego. La decisión de un control "más exhaustivo" de la calidad del agua -prepotable- surgió en la comisión mixta, afirma Moragues. La elaboración del plan de extracciones subterráneas, cierre de pozos y uso de recursos alternativos también la dirigirá la comisión del Gobierno y usuarios, destaca el presidente de la CHJ. Será la oportunidad de analizar de nuevo con los regantes las dudas o desacuerdos en torno al documento dado a Bruselas.

La comisión había solicitado también información a la Generalitat sobre la obra del postrasvase, canalizaciones imprescindibles para distribuir el agua llegada del Júcar a Villena. García Antón aseguró el pasado miércoles a la Junta Central que en verano de 2010 la mayoría de conexiones estará lista. Una obra cuyo importante retraso preocupa a los regantes.