Financiación de 'pymes' y contexto recesivo

El contexto recesivo actual está caracterizado decisivamente por una fuerte restricción crediticia global, causante general, aunque no único factor, de dicha recesión. Esta condición ha llevado a las empresas al límite de su capacidad para afrontar sus obligaciones de pagos tanto financieros como corrientes con la liquidez que son capaces de generar por su operativa convencional. La operativa convencional de las empresas, a su vez, también se ha visto seriamente dañada por la imposibilidad, para muchas empresas, de mantener abiertos los canales habituales de financiación mediante el descuento ante las entidades de crédito de su "papel comercial", esto es, los pagarés generados como consecuencia del desfase de pagos y cobros entre empresas clientes y empresas proveedoras.

El problema del crédito a las 'pymes' llevará tiempo, mientras no se desatasque el colapso del crédito ordinario

Frente a la escasez de crédito, el coste extra del aval de la SGR es bastante asumible por las 'pymes'

Aunque normalmente se piensa en los créditos ordinarios concedidos por las entidades financieras a las empresas para la financiación de sus proyectos de inversión como la quintaesencia de la financiación empresarial, lo cierto es que muchas empresas dependen más de las líneas de descuento que de los préstamos ordinarios. Otro rasgo poco conocido por el público no especializado es que muchas grandes superficies, que suelen pagar a sus proveedores a plazos más largos de los que ellas afrontan en sus cobros de clientes (en buena medida al instante, en la línea de caja), acaban realizando un tipo de intermediación financiera mucho más amplia que la mayoría de las entidades de crédito. En este caso, se da la paradoja de que estas grandes superficies, y los comercios en general, se financian con cargo a sus proveedores, a los que pagan a plazos que en ocasiones rondan el medio año.

Las empresas proveedoras reciben a cambio la promesa de pago por parte de sus clientes, y esta promesa, un pagaré, de hecho, puede cobrarse por anticipado en una entidad financiera a través de una línea de descuento. A un coste y con cuantos avales sean necesarios, naturalmente, pues la garantía de que el cliente acabe pagando al proveedor en la fecha estipulada en el pagaré es, como todo en este mundo, contingente. Pero, al menos, la empresa proveedora puede disponer de liquidez para ir afrontando su operativa cotidiana.

Para que esta aparentemente compleja mecánica de pagos, cobros y garantías pueda funcionar suavemente, se han ido desarrollando entidades y productos especializados debidamente ubicados en una tupida red de relaciones descentralizadas, bilaterales y basadas en la confianza mutua y sistémica entre los millones de empresas y docenas de intermediarios financieros que normalmente operan en una economía de cierto tamaño, como es el caso de la economía española. Junto a las líneas troncales de esta red se han desarrollado canales extremadamente finos y sensibles que dotan de capilaridad, por lo general eficiente, a todo el sistema de financiación a la empresa.

Pero bajo las duras condiciones actuales de los mercados de crédito, toda esta red ha parado en seco su dinamismo, creando considerables problemas de liquidez a las empresas que están desembocando en graves problemas de solvencia. Especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

No es fácil reemplazar mediante esquemas públicos centralizados y con escasa estructura, por muy eficiente que sea su funcionamiento y abundantes sus recursos, a los esquemas privados, descentralizados y cortados a la medida de sus clientes existentes, pero, como decíamos, colapsados por la desconfianza del mercado en el valor de sus activos. Tampoco es posible crear la escala adecuada, ni reproducir las relaciones con los clientes, de la red crediticia privada en el ámbito público, al menos en un lapso de tiempo menor del que llevaría, con lo que sabemos hoy, restaurar el pleno funcionamiento de la red privada. La solución del problema crediticio de las pymes llevará tiempo, mientras no suceda algo que desatasque radicalmente el colapso del crédito ordinario.

Las entidades representativas de las pymes no dejan de transmitir sus necesidades a las instancias públicas de las que dependen las políticas hacia estas empresas, al tiempo que dichas instancias públicas tratan de impulsar las soluciones oportunas dentro de sus competencias. El problema es que, habiendo dejado de funcionar eficientemente la red fina y tupida de las entidades financiadoras convencionales, no existe otra estructura equivalente que pueda sustituirla. Claro que todos los impulsos que está dando el Gobierno para crear los fondos de avales a través del ICO y otras entidades públicas están más que indicados y seguirán aumentando los recursos a ello destinados, pero la transmisión final a las pymes se debe hacer con la participación de la red de entidades privadas.

Lo que se precisa entonces es encontrar la manera de que esta colaboración entre las agencias públicas reforzadas, tanto en recursos como en competencias, y las entidades privadas funcione de la manera más eficiente posible. También deben encontrarse nuevos instrumentos de financiación que hagan solventes frente a las entidades privadas los ingentes compromisos de pagos y cobros que existen entre las empresas y que ahora se encuentran atascados por fallo en los instrumentos convencionales (o en sus garantías). Ello, por sí sólo, podría evitar el concurso de acreedores y la liquidación de innumerables pymes. La renovación de los servicios de factoring y confirming de las entidades financieras a las empresas, o su reforzamiento con garantías adicionales, es una vía para ello. La potenciación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) es otra vía.

Para las entidades financieras, la vía para reducir el peso de la morosidad en sus carteras de préstamos no es dejar de otorgar financiación, sino precisamente lo contrario, es decir, conceder préstamos de calidad. En este sentido, la garantía de la SGR, que a su vez cuenta con el respaldo del sistema de reafianzamiento de la sociedad estatal CERSA, cobra mayor valor tanto para la pyme como para la entidad financiera. Frente a la escasez de crédito, el coste extra del aval de la SGR es ciertamente asumible por la pyme y, además, la intervención de la SGR como avalista es el elemento decisivo del que dispone la pyme en su negociación con las entidades financieras.

La SGR, por su presencia en todo el territorio, su cercanía a las empresas y su función de bisagra entre las pymes y las entidades financieras, es una buena palanca de transmisión de líneas de ayudas públicas vinculadas a un aumento, fácilmente medible, de las empresas avaladas. Su potenciación sobre bases renovadas de gestión y alcance sectorial y territorial es una de las claves para hacer más eficaces los esfuerzos en curso destinados a desbloquear la financiación de las empresas en el actual contexto recesivo.

José A. Herce y Arturo Rojas son socios de Analistas Financieros Internacionales.