Residencia con habitaciones vacías

El centro de Carlet es el buque insignia de las residencias para personas mayores públicas de la red pública valenciana. Se inauguró en 1983 y llegó a contar con 550 plazas. Ahora, en pleno desarrollo de la ley de la Dependencia, no alcanza los 400 usuarios.

El diputado socialista Antonio Torres se desplazó ayer a estas instalaciones para denunciar la contradicción que supone que en un momento en el que la Administración necesita contar con todos los recursos posibles, se "abandone y margine" la mayor residencia de la Comunidad Valenciana. Hay en torno a un centenar de plazas vacías -dos plantas de las siete existentes- por la falta de interés de la Administración, sin que exista la intención de ocuparlas, indicó Torres. Además, desde hace un mes no hay nuevos ingresos en este centro a pesar de la elevada demanda existente de plazas públicas y, mientras, la Consejería de Bienestar Social remite a las personas que necesitan una residencia a centros privados concertados.

El centro llegó a contar con 550 usuarios frente a los 400 actuales

El diputado socialista considera que el centro no solo está infrautilizado en su capacidad de asistencia convencional a las personas mayores (alojamiento y cuidado de gente que se puede valer por sí misma y de quienes necesitan ayuda). Indicó que la residencia cuenta con una plantilla de profesionales experimentada y unas instalaciones que hacen de este lugar el emplazamiento ideal para situar en Carlet unidades especializadas de atención para personas con Alzheimer o con problemas crónicos, que servirían de centro de referencia autonómico.

La "apatía" que muestra la Administración hacia Carlet y sus habitaciones vacías son para Torres la muestra más clara de la apuesta de la Consejería de Bienestar Social por el sector privado. Pero hay más ejemplos. El diputado socialista se refirió a los centros públicos de Pintor Sla en Alcoi, el de Aitana en Alicante y la residencia de Benetússer, que también se encuentran cerrados o en obras, y que supondrían otras 150 plazas públicas adicionales a los recursos totales de la Administración. "Se están cerrando plazas para reformarlas y ceder su gestión al sector privado o transformarlos en centros de enfermos mentales", comentó Torres. En toda la Comunidad Valenciana hay 4.000 plazas públicas, mientras que este año se concertarán 8.100 con el sector privado.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social negaron ayer que exista una política de marginación hacia los centros públicos. "Todo lo contrario, este año se ha realizado un importante esfuerzo inversor hacia este tipo de instalaciones, la más alta de los últimos años". Desde el departamento que dirige Juan Cotino apuntan que en 2009 hay un presupuesto de 116 millones de euros para construcción y reformas de centros (mayores, discapacitados, enfermos mentales). De este esta cantidad, 92,75 millones corresponden a aportaciones de la Administración valenciana y los 24 millones restantes son fondos del Gobierno.