De Cáritas a gran propietario

Se llama Benito González. Es un pensionista gaditano de 65 años cuya vida ha dado esta semana un giro espectacular, al concederle la Justicia la titularidad de un bloque en construcción, con 208 viviendas y 160 garajes, en respuesta a su demanda por el retraso que acumulaba la obra. Su lucha ha sentado un precedente legal en España. Es la primera vez que un juez otorga a un particular la propiedad de un edificio por el incumplimiento de plazos comprometidos por la empresa promotora.

Su historia comenzó en 2005. Ese año inició el trámite para la compra de un piso en la promoción primera de La Cala del Sol, en la Ronda del Estero, en la zona sur de San Fernando (Cádiz). La constructora, la sociedad Aifos (investigada por el caso Malaya), sacó a la venta el inmueble sobre plano, mediante un procedimiento de pagos adelantados a la culminación del proyecto, que debía ser entregado en 2007.

Benito González es titular del bloque por incumplimientos de la constructora

Sin embargo, dificultades financieras obligaron a la paralización de la obra, dejando en la estacada a los compradores, quienes, para no perder sus derechos, quedaron obligados a mantener los pagos trimestrales comprometidos en el contrato de compra. Desesperados, algunos de ellos protagonizaron, sin éxito, encierros y denuncias publicas.

González, sin embargo, optó por contratar los servicios de un abogado para defender su derecho por la vía judicial. "Lo primero que hicimos fue solicitar, de manera cautelar, el embargo del inmueble y reclamar el reembolso del dinero invertido (unos 80.000 euros entre pagos, intereses y gastos del proceso) aludiendo al incumplimiento de los plazos previstos por la constructora", explica José Antonio Gamero, el letrado llevó el caso.

Finalmente, tras meses de tramitación, el pasado miércoles, el juzgado número 2 de San José en Cádiz sacó a subasta pública el edificio.

Nadie acudió a la oferta, ni siquiera la empresa propietaria, y la juez concedió la titularidad al único demandante personado en la causa.

De la noche a la mañana, Benito González, el pensionista que se vio obligado a recurrir a Cáritas para mantener al día sus pagos a la constructora con su exigua paga mensual, se convirtió en el dueño de todo el inmueble y el terreno. "Al menos podré decir que he sido el propietario del edificio por un tiempo", bromea González.

El futuro del caso aún es incierto. Sobre la propiedad pesa una hipoteca de 20 millones de euros concedida por Banesto a Aifos para la ejecución del proyecto. El nuevo propietario está obligado a satisfacer la cantidad en el plazo de 20 días, según el fallo de la juez.

González está dispuesto a negociar la cesión del inmueble al banco que concedió la hipoteca o a una empresa inmobiliaria. "Sólo quiero recuperar mis derechos y una cantidad de beneficio razonable", afirma.