Sabor amargo
El nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin ningún voto en contra aunque con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, no ha dejado satisfecha por completo a ninguna comunidad, pero tampoco ha dejado completamente insatisfecha a ninguna. Es lo que suele y debe ocurrir con este tipo de acuerdos. La mezcla de satisfacción e insatisfacción generalizada es la prueba de la neutralidad territorial del Gobierno que ha dirigido el proceso de negociación.
No es de extrañar que, en estas circunstancias, las críticas al modelo no se hayan dirigido tanto al contenido del mismo, como al hecho del protagonismo que ha tenido la comunidad autónoma de Cataluña en la negociación, que ha relegado en cierta medida a las demás a una posición subalterna. Fernando Santiago lo decía en su columna del lunes: "...nos queda el sabor amargo de que todos hemos ido a remolque de Cataluña... El Gobierno de España ha negociado con el Gobierno de Cataluña y hasta que no ha alcanzado un acuerdo con la Generalitat no ha comenzado con el resto".
Sin duda ha sido así. Pero eso no es algo que singularice la negociación del modelo aprobado esta semana, sino que es algo que ha ocurrido siempre, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en 1980 pasando por todas las modificaciones posteriores de dicha norma. La evidencia empírica de que disponemos en este sentido es abrumadora.
El debate de la LOFCA originaria y del Estatuto de Autonomía para Cataluña en las Cortes Generales fue simultánea y los legisladores de ambos textos estuvieron ajustando permanentemente lo que decidían respecto del segundo en la definición de la primera. La LOFCA nace para garantizar la financiación de Cataluña, cuando no se sabía cómo iba a ser el ejercicio del derecho a la autonomía por las demás regiones.
Y todas las modificaciones ulteriores de la LOFCA han tenido su origen en Cataluña. Hasta 1993 prácticamente la LOFCA se mantuvo tal como había sido aprobada en 1980. Fue la década de las mayorías absolutas de los Gobiernos de Felipe González. Sería en 1993, cuando el PSOE pierde la mayoría absoluta, cuando se negociará con CiU la primera reforma de la LOFCA, con la cesión del 15% del IRPF, con la finalidad de garantizar la investidura de Felipe González. Una reforma de mayor calado se produciría en 1996 ante la necesidad todavía más imperiosa de los votos de CiU por parte del PP, a fin de que José María Aznar pudiera ser presidente del Gobierno. Nunca ha habido una vinculación tan clara de financiación e investidura como en esa ocasión y nunca ha sido tan notorio el protagonismo de Cataluña, con exclusión de todos los demás. Ni en 2001 ni en 2006 se ha llegado, ni de lejos, a una posición tan subalterna de las demás comunidades autónomas respecto de Cataluña como la que se produjo en la década de los noventa y singularmente en 1996.
El impulso de Cataluña en la construcción del Estado Autonómico en general y en la financiación del mismo en particular ha sido y es una constante en nuestra historia constitucional. Forma en cierta medida parte de nuestra Constitución material. Y es algo que no nos ha perjudicado a los demás, sino todo lo contrario. No tenemos ningún motivo para mirar con recelo el protagonismo de Cataluña, porque hasta el momento a lo que ha conducido es a un más extenso y más profundo ejercicio del derecho a la autonomía por parte de todos. Cataluña ha salido ganando con el nuevo modelo de financiación, pero las demás comunidades también. Únicamente CiU se ha quedado fuera de juego. El dato habla por sí solo.
