La Xunta se confiesa incapaz de pagar a tiempo a los dependientes

Cumplidos dos años desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, la Consellería de Benestar considera que ha llegado el momento de "hacer una parada y reflexionar". "No hay ni hubo una financiación estatal suficiente para desarrollar la norma. Estamos asfixiados", confesó ayer la titular del departamento, Beatriz Mato.

Por eso, en el próximo Consejo Interterritorial de Dependencia, previsto para septiembre, Galicia pedirá que se revise "de modo urgente" la ley antes de 2010. La Xunta reivindica que el Estado ajuste "la financiación a los costes de los servicios" y que se alarguen los plazos para pagar a los dependientes, "completamente inasumibles", advirtió Mato, con la financiación actual.

Sólo 16.565 de los casi 30.000 grandes dependientes cobrarán este año

Desde que el PP llegó al Gobierno de la Xunta, Benestar atendió a 2.500 grandes dependientes, pero le quedan aún 4.500 para cumplir la promesa que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo en el debate de investidura. Feijóo prometió pagar este año la prestación a todas las personas que, según él, se encontraban entonces en esa situación, es decir, 16.565 gallegos. Pero la cifra real de grandes dependientes ha aumentado. Ahora son casi 30.000. Para cumplir la ley, la Xunta debería abonar ayudas a 13.000 personas más de las previstas, pero la consellería sólo garantiza las 16.565 prestaciones comprometidas por Feijóo, un proceso en el que ya ha invertido casi 28 millones de euros. El 45% de las solicitudes registradas hoy (79.351) están en tramitación. De ellas, 2.000 todavía no se han valorado.

"El coste de una plaza en una residencia para un gran dependiente asciende a 2.600 euros mensuales, de los que el Estado aporta sólo 263". Con este ejemplo, Mato recordó que las comunidades están pagando "un 80% del proceso de tramitación de la ley", cuando el Gobierno central se comprometió a sufragar la mitad de su coste. El futuro no pinta mejor. El Ejecutivo de Zapatero anunció el sábado que el gasto destinado a la Ley de Dependencia se congelará el año que viene, a pesar de que el Observatorio Nacional de la Ley de Dependencia recomendó multiplicar por cinco las cuantías otorgadas a las comunidades autónomas como nivel mínimo. El Gobierno asignó a Galicia 78 millones en 2009 y la Xunta pretende elevar a 390 su exigencia presupuestaria para el próximo año.

La ley, denunció Mato, no cubre las expectativas de los usuarios. "Y sólo creamos personas frustradas y defraudadas que ven que la norma no funciona", concluyó. Hace cinco meses, aún desde la oposición, Feijóo animaba a los dependientes que no cobraban a denunciar a la Xunta.