La Xunta se personará por el vertido tóxico al Barbaña
La Xunta de Galicia ha sido "la gran ausente" en las actuaciones institucionales para esclarecer el origen del vertido al Barbaña, aunque promete corregirlo. El bipartito orensano (PSOE y BNG) presentó ayer una moción al pleno municipal para pedir a la Xunta que se persone en el juzgado para depurar las responsabilidades civiles y penales -las administrativas las reclama la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil al Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas- por el "gravísimo incidente" medioambiental, y el PP suscribió la propuesta.
El portavoz del grupo popular, Enrique Nóvoa, reconoció que la Consellería de Medio Ambiente "tiene que tener más responsabilidades en este asunto", aunque tildó de "demagógica" la intervención del edil socialista Demetrio Espinosa, que defendió la moción. La Xunta, según avanzó Nóvoa, que también es diputado autonómico, aceptará la propuesta. "Hice una llamada a la delegación de Medio Ambiente, que es lo único que puedo hacer", señaló para explicar que el departamento que preside Agustín Hernández pensaba sólo en colaborar en la recuperación del río, "pero si les piden que se personen, lo harán, porque las administraciones han de colaborar".
El grupo parlamentario del PSOE registró al mismo tiempo 15 preguntas a la Mesa del Parlamento para conocer las actuaciones de la Xunta para evitar el impacto del vertido y saber si piensa abrir expediente sancionador. Los diputados socialistas acusan igualmente al Ejecutivo gallego de haber sustraído a la ciudadanía "información oficial, transparente y rigurosa". Entre sus preguntas figuran algunas relativas al día, hora y lugar en que se detectó el vertido y cuál es la sustancia contaminante.
Transferencias
La Xunta reaccionó reclamando las transferencias de todas las funciones que ahora tienen las confederaciones hidrográficas en Galicia tras destacar que, pese a que no las posee, el Gobierno gallego "fue el primero en actuar" para paliar los efectos de la contaminación. La actuación consistió en la retirada de los peces muertos por 11 operarios del servicio provincial y la realización de controles del ph en el agua del río para investigar las causas del vertido, así como inspecciones en la depuradora. El Ejecutivo gallego sostiene que abrió una investigación informativa que puede derivar en expediente sancionador.
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