Más del 90% de los detenidos por incendios incurrió en imprudencia

Más del 90% de los detenidos por delito de incendio desde la gran ola negra de 2006 incurrió en imprudencia. Esa es también la primera causa de los incendios forestales, según explicó ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela. Por eso, la campaña de este verano reforzará "vigilancia intensiva y con carácter preventivo" en los montes gallegos mediante el despliegue de 1.300 agentes de la Guardia Civil, además de la Policía Autonómica.

Tras reunirse con los fiscales de las cuatro provincias encargados de incendios forestales, Varela aseguró que la Fiscalía Superior "no tendrá ninguna duda en solicitar la prisión preventiva para los infractores, sobre todo si son reincidentes". El objetivo es "disuadir a los incendiarios" y en ello trabajarán cuatro fiscales coordinadores (uno en cada provincia) que, a su vez, estarán dirigidos por el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz.

Para aplicar detenciones cautelares, la Fiscalía Superior estudiará la "imprudencia, la conducta observada, la reincidencia y el peligro de reiteración delictiva" de los incendiarios. También tendrá en cuenta los factores contemplados por la normativa que regula este tipo de medidas preventivas. Entre ellos, Varela destacó "la peligrosidad del individuo, la posibilidad de que tenga antecedentes penales, la gravedad del hecho y las consecuencias producidas a raíz de un fuego".

En lo que va de año, la Policía Judicial ha detenido a 101 personas vinculadas a un incendio, casi el 30% menos que el año pasado. Pero el mérito, advirtió Varela, no es sólo de los cuerpos de seguridad. "La disuasión que persigue la Fiscalía impide que se produzcan más detenciones", señaló.

El fiscal superior de Galicia incidió también en la eficacia de las sentencias condenatorias. "En 2008 se registraron 37 y en lo que va de año, sólo dos". Otro de los retos del verano para los fiscales es la recopilación de pruebas procesales para evitar que, luego, en los juicios, sean anuladas por no haber sido obtenidas del modo correcto. Hay una ley que establece que las causas de fuegos intencionados deben ser juzgadas por tribunales de jurado popular y, por ello, Varela insistió en la necesidad de que las pruebas sean convincentes. Aunque reconoció la dificultad que plantean: "Como no son sensoriales, tienen que ser lo suficientemente claras para convencer al jurado".