Los narcos dejan deudas que la ley dificulta saldar

Galicia es ya un referente en investigaciones por blanqueo de dinero y fraude fiscal desde que a partir de 2004 pequeños juzgados se vieron colapsados al tener que asumir voluminosos y complejos asuntos que antes acaparaba la Audiencia Nacional. Pero frente al inmenso filón económico descubierto en estos años, que sólo en la provincia de Pontevedra asciende a más de 65 millones de euros, jueces y fiscales se enfrentan a diario con un sinfín de trabas legales y burocráticas que no resuelve una legislación ya obsoleta en esta materia que, además, genera pérdidas y deudas cuando se incautan grandes patrimonios.

Los métodos cada vez más sofisticados de los delincuentes para ocultar el delito exigen mayor especialización y dedicación de los investigadores, lo que hace que estos asuntos prácticamente nuevos en el escenario penal se eternicen en los juzgados, causando el deterioro de los bienes embargados a estafadores y narcotraficantes. La intervención de patrimonios, inmuebles o negocios, también reporta cuantiosos débitos, ya sean a personas físicas o jurídicas, derivadas del impago a comunidades de vecinos, centros comerciales e impuestos a administraciones públicas o cámaras de comercio.

Jueces y fiscales se ven impotentes si aplican la actual ley sobre estafas

El fiscal Santaló considera que urge la creación de juzgados especiales

Estos daños a terceros, víctimas de actuaciones delictivas, son uno de los numerosos problemas que se plantean a lo largo del proceso. Tanto jueces como fiscales se ven impotentes para resolverlos si aplican al pie de la letra la actual legislación en casos de estafas, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales. Al final, las deudas se terminan saldando, pero antes han tenido que pasar muchos años.

Augusto Santaló, fiscal especial de Delitos Económicos en la Provincia de Pontevedra, afirma que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es totalmente arcaica. Para él el cambio de legislación es inapelable y reclama "un marco específico que regule la intervención de bienes, porque el vacío legal es enorme y resta eficacia a unas investigaciones que pueden durar años".

Convencido de que la forma más eficaz de atacar la delincuencia organizada es incautar su patrimonio, este fiscal, en línea con otras fiscalías como la Antidroga o la de Delitos Informáticos, urge la creación de juzgados especiales, al igual que sucede con los de Mercantil. Hacen falta "jueces con conocimientos en estas materias, que exigen una coordinación con Hacienda, Aduanas, registros de la propiedad y mercantiles, entidades bancarias (incluido el Banco de España) y autoridades extranjeras de paraísos fiscales", dice.

Santaló lleva entre manos 20 procedimientos de su especialidad, como el fraude del IVA de tipo "carrusel" descubierto en Vigo, que supera los 4 millones de euros. Pero además, la Fiscalía Antidroga ha reclamado su colaboración ante las numerosas investigaciones abiertas por blanqueo de dinero de conocidos narcotraficantes detenidos. Y también por otros casos que se instruyen con absoluta confidencialidad, y que mantienen desbordados varios juzgados de la provincia, por la dedicación que requiere este tipo de asuntos.

"Todo ello exige que desde el inicio de la investigación se adopten medidas para evitar que los responsables de las actividades ilícitas se deshagan de su patrimonio, y una vez incautado es prioritario decretar una administración judicial razonable del mismo", explica Santaló. "Y el problema radica en la falta de regulación legal específica de la intervención, lo que constituye un claro factor de incertidumbre para el juez y el fiscal", subraya.

Aunque no existe un censo de deudas derivadas de las intervenciones, Santaló afirma que son muy elevadas y merman la cuenta de resultados de estas actuaciones. "La solución es decretar una administración judicial, pero tropezamos de nuevo con una legislación que dificulta no sólo el nombramiento de los administradores, sino el establecimiento de sus funciones o retribuciones", explica. "Y lo que es más grave: en algunos supuestos la ley no le otorga al juez la facultad de intervenir empresas, por consiguiente la cobertura legal en la instrucción se traduce en dudosa", advierte.

Ahora que el boom urbanístico ha pasado, Santaló cree que los narcotraficantes están buscando otros recursos para blanquear el dinero negro. "En efecto, el urbanismo fue un filón, pero hay otros muchos sectores donde lavar las ganancias ilícitas, como la hostelería, pequeños negocios de ropa o de equipamientos informáticos", además de "inversiones en renta variable y, curiosamente, en sellos y obras de arte". Pero casi siempre, concluye, "dejan cabos sueltos" y con "paciencia" y "la colaboración de expertos de Hacienda" al final "se les encuentra".