La desidia municipal aumentó el drama de una familia en Vigo

Israel Castro, de 19 años, y Mirian Ramos, de 21, bolivianos y padres de Alejandra, la bebé sobre la que cayó un balcón de piedra en la calle Príncipe de Vigo el pasado mes de diciembre, contaban el pasado viernes su primer motivo de satisfacción desde que ocurrió el accidente: la Oficina Municipal de Inmigración les garantizó empleo y permisos de residencia, después de que la semana anterior la Subdelegación del Gobierno amenazara a Mirian con su expulsión de España. La amenaza destapó en la parte municipal un cúmulo de desidias y promesas incumplidas con la joven pareja, agravadas esta semana por las falsedades con las que la Tenencia de Alcaldía trató de lavarse la cara.

Nada evita el drama. Sobre el cochecito de Alejandra, de tres meses, cayó un balcón de piedra (unos 350 kilos) el primer día que disponía de canguro: su madre había empezado a trabajar. El golpe en la cabeza -también tuvieron que escayolarle una pierna- le ha dejado secuelas de futuro imprevisible: sufre ataques epilépticos, no gatea como correspondería ya a su edad, nadie sabe si un día podrá andar o si llegará a hablar... De momento sólo recibe un potente medicamento contra la epilepsia.

Cuando se produjo el accidente, medio gobierno municipal, con el alcalde, Abel Caballero, y su teniente, Santiago Domínguez, a la cabeza, acudió al hospital prodigando declaraciones de protección, públicas y privadas, para las víctimas, cuya identidad se preservó hasta que esta semana, desesperados, salieron a identificarse. Alejandra, obviamente, encarnaba la tragedia familiar, pero de modo simultáneo se añadieron otros problemas: Mirian tuvo que dejar de trabajar para estar junto a su bebé e Israel también, pero en su caso porque el empresario para el que trabajaba sin papeles, conocido el accidente, decidió presindir de él para evitarse problemas mayores.

La pareja, que no ha vencido su aspecto adolescente, procede de Cochabamba, aunque se conocieron en Vigo. Israel tenía aquí a su madre y dos hermanas cuando llegó, con 16 años. Su madre quería que estudiara, pero a los 18 años decidió trabajar "en lo que fuera" porque lo prefería y porque ya había dejado embarazada a Mirian. Se empleó en el puerto, carga y descarga. Cuando el accidente, le faltaba un mes para cumplir los tres años en Vigo y solicitar la residencia: el empresario estaba dispuesto a arreglarle los papeles, pero el accidente dio también vuelta a sus intenciones.

Tras cinco semanas en el hospital, a punto de recibir el alta, el departamento municipal de Servicios Sociales, adscrito a Tenencia de Alcaldía, les dio 400 euros en concepto de alimentos para dos meses. Después empezaron sus insistentes llamadas para hablar con el alcalde o con Domínguez y recordarles sus promesas: "Todo lo que necesitéis", les habían dicho. "No queríamos dinero ni que nos mantuviera nadie: sólo queríamos un trabajo", recuerda Israel.

"No se puede pedir todo, y ya hemos hecho mucho por vosotros", le respondió la funcionaria que le atendió una vez. Las llamadas telefónicas al alcalde y su teniente continuaron, tan acuciantes como las deudas que la pareja iba contrayendo, pero ya nadie les recibió. Israel montó guardia en el ayuntamiento para asaltar a Domínguez, que le pidió unos días para darle una cita. Pasó una semana y, con la orden de expulsión de Mirian en la mano, la pareja salió a contar su caso en la prensa. Entonces sí, en el ayuntamiento se pusieron las pilas.

La orden de expulsión se cursó porque en la Subdelegación del Gobierno nadie identificó a Mirian como madre de Alejandra (nadie se molestó en comunicarlo). Un comunicado de la Tenencia de Alcaldía trató de justificar su actuación, pero contra lo que se afirmaba en él, el ayuntamiento no mantenía contactos periódicos con la familia ni con su abogado; no tramitó ninguna ayuda de emergencia de la Xunta, que la pareja recibió antes del accidente por otros motivos; no ha pagado medicinas ni alimentos para la bebé, ni ayudas de alquiler; Israel no trabajó nunca en periodo de pruebas: rellenó un día una instancia y al siguiente le dijeron que no le contrataban; no hubo visitas domiciliarias ni el abogado expresó su agradecimiento en una carta. "Todo mentiras", asegura Israel.