Los bandazos de la lengua

La supresión del examen en gallego de las oposiciones a la Administración autonómica ha supuesto la primera medida desprotectora de la lengua propia de Galicia aprobada en el Parlamento. Los votos de los diputados del PP lo hicieron posible. Y a pesar de que Alberto Núñez Feijóo no ha cumplido su promesa electoral de derogar el Decreto do Ensino del bipartito en los cien primeros días de su mandato, sí lo hará para el curso 2010-2011. Los populares han enarbolado la bandera de una pretendida "libertad lingüística", recogida de la asociación viguesa Galicia Bilingüe. Justifican así, entre otras actuaciones, la renuncia a la norma educativa de 2007, redactada a partir de un Plan de Normalización consensuado políticamente hace cinco años y que contó con el acuerdo inicial del Grupo Parlamentario Popular.

Pero la política lingüística defendida por el PP está lejos de seguir una línea uniforme. Tampoco coherente. Su única continuidad, hasta el momento, reside en los bandazos, coronados por el fichaje del sociolingüista Anxo Lorenzo, afín al PSdeG y defensor del decreto bipartito, como secretario general de Política Lingüística. En febrero de este año, la plana mayor del ahora partido gubernamental desfilaba con Galicia Bilingüe exigiendo educación separada por idiomas y Feijóo le aseguraba al locutor Federico Jiménez Losantos que la protesta entraba en los planteamientos del PP gallego. Corina Porro incluso hablaba del peligro que, por causa de la gobernanza lingüística de socialistas y nacionalistas, corrían "las libertades individuales".

Sin embargo, el 10 de junio y sin previo aviso, la situación ya era distinta. El número tres de los conservadores, Antonio Rodríguez Miranda, proclamaba en O Hórreo: "Nuestro partido no coincide con Galicia Bilingüe". Los cuatro meses transcurridos habían resultado movidos. La campaña electoral del PP tensó la cuerda al máximo. Feijóo clamaba contra "la imposición lingüística", prometía "libertad" y olvidaba su anterior defensa de una enseñanza "50% en gallego, 50% en castellano". "Los niños aprenderán en el idioma que quieran los padres", explicó en entrevista a este diario, "meteré una casilla en el sobre de matrícula para que los padres elijan el idioma de las asignaturas troncales". Y sin renunciar a ese discurso, que también rompió la histórica cautela del PP sobre el gallego, se alzó con la victoria el 1 de marzo.

Entonces algunas cosas cambiaron. Galicia Bilingüe no tardó en reaparecer para advertir de su "vigilancia" sobre el nuevo Gobierno. Pero los vigueses habían dejado de ser interlocutor privilegiado y Feijóo iniciaba una huida hacia adelante. Si en su investidura parlamentaria anunciaba que "la finalidad del nuevo decreto será el respeto a los derechos individuales de las familias y los alumnos" y no el cumplimiento de Estatuto y Lei de Normalización, con la llegada de Anxo Lorenzo a la Xunta ofrecía "consenso" a la oposición. "Hay que recuperar la convivencia pacífica entre el gallego y el castellano", dijo, sin mencionar que había sido su partido el primero en apuntarse a la ruptura. Cuando Feijóo se expresó al fin en esos términos, hasta la prudentísima Real Academia Galega ya se había manifestado en público contra la involución en las políticas de normalización.

Con Anxo Lorenzo en San Caetano, y la paz firmada con las instituciones galleguistas -Academia y Consello da Cultura-, casi 50.000 personas salieron a la calle en Santiago, convocados por A Mesa en una de las mayores movilizaciones que recuerda Galicia, detrás de la pancarta O galego, a nosa columna vertebral. Desde la Xunta lo intepretaron como "un intento de apropiación de lo que es de todos". Al tiempo, comenzaba a operar el doble discurso: mientras Feijóo abraza el mantra "galleguista" del "bilingüismo cordial", su conselleiro de Educación, de quien ahora depende Política Lingüística, se lanza a cuestionar el Plan de Normalización y la Lei de 1983, aprobados por consenso con Ejecutivos del PP.

Pero si algo ha conseguido la deriva de los populares es clamor en su contra. Oposición, sindicatos, los departamentos de filología de las tres universidades, asociaciones de padres de colegios públicos, directores de institutos o equipos de normalización han emitido comunicados contrarios a las medidas lingüísticas adoptadas hasta el momento por la Xunta.