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Reportaje:Primer plano

Produciendo parados... y precariedad

El hundimiento del empleo destapa los problemas estructurales del mercado laboral

España: 1.760.000 parados. La tasa de paro más baja de la democracia: el 7,9%. ¡Menos que Alemania! Hoy suena a utopía, pero hace casi dos años fue verdad. Apenas un par de semanas después echó a andar, a plena luz, la crisis financiera. Era agosto de 2007. Desde entonces, el mercado laboral español sólo ha traído disgustos. Ciento seis medidas anticrisis después, se ha cobrado casi 1,5 millones de puestos de trabajo. El que fuera alumno aventajado en Europa se ha convertido en el patito feo, en una máquina que fabrica más pardos que nadie.

Al principio, la caída mantuvo una cadencia lenta. Pero fue in crescendo. Y la debacle llegó en el último trimestre del año pasado y el primero de éste. Los cuatro millones de parados, tantas veces negados por el Gobierno, irrumpieron con fuerza. El paro ya está en el 17,3% o en el 18,1% de la población activa, según sea la fuente el INE o Eurostat [la oficina europea de estadísticas]. España vuelve así a los deshonrosos lugares que tradicionalmente ha ocupado en las estadísticas laborales europeas. Y la comparación hace la situación todavía más insoportable: en Europa, la tasa de paro es del 8,6%, y el 55% de los nuevos parados del continente proceden de España.

Apenas hace dos años, España tenía menos paro que Alemania

Así que de la mano del paro galopante y de la lejana convergencia con el continente -evaporada justo antes de conseguirla- se ha abierto, otra vez, el debate sobre una posible reforma laboral (de llevarse a cabo, sería la quinta de la democracia sin contar la promulgación del Estatuto de los Trabajadores): entre sindicatos y empresarios, entre el Gobierno y el Banco de España, y a última hora se han sumado economistas, abogados, catedráticos de derecho laboral y conocedores del mercado de trabajo divididos en dos grupos, aunque no falta entre ellos quien se ha quedado en medio.

Necesaria o no -aquí mismo ya comienza la discusión-, la escalada del paro ha puesto sobre la mesa todas las rémoras del mercado laboral español, las que le llevan al histrionismo permanente. A ser una locomotora de la creación de empleo cuando la economía crece y una voraz trituradora cuando llegan las crisis: de la euforia a la depresión sin solución de continuidad.

Y dos rémoras destacan sobre el resto y, además, se alimentan entre ellas. La primera le viene dada al mercado laboral. Tiene su raíz en la propia estructura económica española: el gran peso de la construcción, la hostelería y el turismo, sectores que usan mano de obra de poco valor añadido y poca formación tan intensivamente cuando las cosas van bien, como la destruyen cuando todo se tuerce. Algo que se acentuó durante la ahora denostada década dorada de crecimiento, cuando el ladrillo pasó de emplear habitualmente el 9% de los trabajadores al 13%.

La otra, una división múltiple y transversal del mercado laboral que genera múltiples nichos estancos, mucha desigualdad y, sobre todo, bastante precariedad: trabajadores fijos y temporales, diferentes condiciones contractuales para españoles y extranjeros, también para hombres y mujeres o para jóvenes y mayores, y, cómo no, entre personal cualificado y no. Y en todas estas dicotomías, la parte más desfavorecida ha salido peor parada. Sólo en el caso de la división entre hombres y mujeres, la parte a priori más fuerte, la masculina, se ha visto más golpeada por la crisis. Algo que se explica por el desplome del ladrillo, sector que ocupa a hombres fundamentalmente.

Esos lastres han sido la rendija por la que se ha colado una destrucción de empleo masiva. Basta echar un vistazo a las estadísticas para comprobarlo. En la construcción, por ejemplo, se han destruido 700.000 empleos en el último año. En los últimos meses parece que la intensidad de la caída se ha frenado por el Fondo de Inversión Local para obras municipales puesto en marcha por el Gobierno. Pero persisten las dudas sobre lo que sucederá cuando éste acabe.

Por lo que respecta a los trabajadores temporales, su número ha bajado en más de medio millón, según el INE, con lo que la tasa de temporalidad ha caído al 25%, un nivel casi desconocido en España. Pero, claro, la bajada ha llegado por la vía no deseada, la destrucción de empleo. La no renovación del contrato y la eliminación del puesto de trabajo precario son las fórmulas más baratas para ajustar costes en las empresas.

Así, construcción y temporalidad han sido las dos causas, las más inmediatas y señaladas desde todas las tribunas. Aunque las conclusiones que se sacan son distintas según la tribuna que se escuche y también las soluciones que se proponen. En abril, un centenar de economistas (entre ellos, el ahora secretario de Estado de Economía y entonces aún profesor de IESE, José Manuel Campa) presentó un texto para reformar el mercado laboral.

Sin dejar de reconocer la importancia del cambio del modelo productivo hacia sectores que aporten más valor añadido y mano de obra más formada y productiva, el Grupo de los 100 -como se les conoce casi desde el principio- hace hincapié en el cambio de la norma para solucionar "los principales problemas que provocan un funcionamiento ineficiente del mercado laboral". Javier Andrés, catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia y uno de los firmantes, afirma: "El cambio de modelo productivo no es excusa para frenar la reforma. Es una falacia. El mercado de trabajo forma parte del modelo".

Cercanas a las del Banco de España, las propuestas de este grupo incluyen un contrato único indefinido con una indemnización por despido más baja que la actual "para acabar con la dualidad laboral", la eliminación de la tutela judicial en los despidos (salvo en casos de discriminación) o la flexibilización de la negociación colectiva. El objetivo: acabar con un mercado dual que distingue a España del resto de Europa y la penaliza.

No le anda lejos la CEOE. Su propuesta de un contrato anticrisis, de 20 días de indemnización por despido (frente a los 45 o los 33 actuales), tiene por finalidad "romper la dualidad del mercado de trabajo", explica el secretario general, José María Lacasa.

Ni que decir tiene que a los sindicatos la música y la letra de estas propuestas no les gusta. Ya habían reaccionado contra la patronal cuando propuso ese contrato anticrisis e hicieron lo previsto al recibir la propuesta. "Es miope buscar en la regulación la solución. En España se ha ensayado todo [en referencia a reformas anteriores]. El problema hay que buscarlo en el modelo productivo", aclara Toni Ferrer, para explicar el rápido deterioro del mercado laboral y la alta tasa de temporalidad.

Desde CC OO apoyan este argumento y suman otro. "Lo que se plantea es acabar con la tutela judicial, que es acabar con el principal derecho de los trabajadores: la estabilidad laboral, sobre el que se asientan los demás", explica Ramón Górriz.

Para los sindicatos, la prioridad se centra en el cambio del modelo productivo. ¿La temporalidad es un problema? Claro, pero se deriva de la propia estructura económica y del abuso de la ley. "Hay que cambiar el patrón de crecimiento, no podemos ser el país del uso intensivo de mano de obra", añade Górriz.

También ellos han encontrado, o buscado, el soporte académico a sus tesis. El pasado viernes recibieron un manifiesto, apoyado con las firmas de más de 750 catedráticos y profesores universitarios y profesionales. Sin llegar a la precisión del texto de los 100, este grupo señala como prioridades la protección de los parados (también los primeros) y el cambio hacia una estructura económica que no recurra al "uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado". Un tema que, a priori, no gusta a la patronal. Lacasa afirma, en una clara muestra de liberalismo: "El cambio es fruto de la decisión individual de miles de empresarios".

Desde el Consejo Económico y Social (órgano consultivo que agrupa a agentes sociales, económicos y al Gobierno), su presidente, Marcos Peña, recibe el debate con agradecimiento, pero desconfía de que de él vaya a llegar la solución: "No hay que ofrecer la expectativa de que va a haber una respuesta que lo resuelva". Él preferiría no hablar de reforma laboral, pese a que era secretario general de Empleo cuando se llevó a cabo la mayor de ellas, en 1994, sino reformas para el mercado laboral, entre las que destaca a la educación como "la piedra angular". Y añade: "Cuando el epicentro del debate lo ocupa el precio del despido, distrae la atención de lo esencial".

Sea como sea, el debate se ha lanzado. Ahora lo difícil es el acuerdo en el diálogo social, lánguido e improductivo durante esta crisis. Y sin él, el Gobierno ya ha advertido que no habrá reforma. No obstante, para reactivarlo, el presidente, a través de la oficina económica de La Moncloa, ha decidido tomar las riendas. Entre tanto, y pese a los buenos datos de mayo, la amenaza de un paro al alza persiste. El mismo Ejecutivo admitió la semana anterior que hasta 2012 no bajará del 17%.

¿Habrá una sexta?

Nada levanta más conflictividad social en España que una reforma laboral. De su mano, han llegado las grandes huelgas generales en la etapa democrática. Basta recordar la más famosa y exitosa de todas ellas, la del 14 de diciembre de 1988, que frenó la reforma que pretendía el Gobierno socialista, o la de 2002 contra el Ejecutivo del PP, que también logró su objetivo.

Pero no por ello se han quedado en la cuneta. Desde que se promulgó el Estatuto de los Trabajadores ya se han hecho cinco reformas de cierta envergadura. No obstante, sus defectos estructurales (altas tasas de paro y temporalidad) persisten.

La primera se produjo en 1984. Su objetivo, como explica el profesor del IESE Sandalio Gómez en un informe sobre reformas laborales en España, era rebajar el alto nivel de paro, entonces en el 21%. Para ello se impulsó la contratación temporal.

Diez años después llegó la segunda. Sin consenso. Y eso costó caro. Hubo huelga general. El paro, en plena crisis, estaba en la tasa más alta de la serie histórica (el 24%) y, de nuevo, se trataba de combatirlo. Entre otras, la reforma abrió la puerta a las Empresas de Trabajo Temporal.

La tercera llegó ya con el Partido Popular en el poder, en 1997. Arrancaba la recuperación económica. Se trataba de combatir la alta tasa de temporalidad y dio paso a un nuevo modelo de fomento de la contratación indefinida, con una indemnización menor (33 días frente a los 45 tradicionales) por despido improcedente.

Las dos últimas llegaron en plena década dorada, en 2001 y en 2006. La última pretendía atacar el recurso constante a la contratación temporal. La tasa de temporalidad cayó, pero el verdadero desplome de esta estadística ha llegado de la mano de la crisis. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de junio de 2009

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